La jueza de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los 16 investigados en la causa abierta en 2015 por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Minorbis del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
Entre los 16 procesados se encuentra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la ex directora general de Minas María José Asensio, así como todos los funcionarios que desarrollaron el concurso y los empresarios que resultaron adjudicatarios en un principio. Estos últimos son los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, dueños de la empresa Magtel y de Minorbis, su filial, que pujó por la mina y ganó el concurso, pese a lo que al final los derechos fueron a parar a Grupo México a través de su filial Minera Los Frailes.
Para los dueños de Magtel se pide una pena de hasta 17 años de prisión y una multa de dos millones de euros.
La acusación particular que ejerce Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso, atribuye a los investigados delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.
Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular, imputa a los investigados cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, negociación ilegal, y prevaricación ambiental, y solicita además la adopción de medidas cautelares en cuanto a la suspensión del procedimiento administrativo en trámite.
Una tercera acusación, que ejerce la sociedad Andalucía Mining, solicita que se declare la responsabilidad civil de la Junta de Andalucía, así como de Magtel, Minorbis y Grupo México, cifrando los posibles "daños y perjuicios" ocasionados en 7.195.426 euros.
Tras declarar competente a la Audiencia de Sevilla para enjuiciar esta causa, la instructora considera que procede decretar la apertura de juicio oral por los delitos que solicitan las acusaciones personadas, "a efectos de permitir su debida y definitiva valoración por el órgano competente en sede de enjuiciamiento".
La juez rechaza imponer fianzas a los acusados porque no se efectúan "peticiones en cuanto a la prestación de fianza y la declaración de responsabilidades civiles sin perjuicio de las consecuencias que pudiera tener la anulación del trámite del concurso". En el caso de la petición de Andalucía Mining, la juez señala que su personación está recurrida en apelación ante la Audiencia de Sevilla, por lo que "no procede efectuar requerimiento en cuanto al pago de fianza a los encausados en este procedimiento".
