Son cerca de las 10.00 horas en un juzgado de violencia de género. Empieza el primer juicio rápido por malos tratos y la mujer renuncia a declarar en contra de su pareja detenida. No es extraño que ocurra, casi es habitual. Por delante, la juez tiene otros cinco juicios, en los que en solo dos de ellos finalmente ellas deciden hablar.
Es un día cualquiera en el juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, cuya titular, la magistrada María Jesús López, narra a Efe que le espera por delante una mañana relativamente tranquila, que no suele ser lo normal, con seis juicios rápidos de agresiones denunciadas en las últimas 48 horas.
López está aproximadamente dos veces al mes de guardia durante tres días seguidos, lo que quiere decir que, una vez concluye su jornada habitual, su juzgado permanece abierto y disponible hasta las 21.00 horas para resolver todos los asuntos, como detenidos o solicitudes de órdenes de protección, que puedan entrar a esa hora. Así ocurrió el día anterior: fue un día especialmente movido, con diez juicios rápidos, incluidos tres por agresiones sexuales a menores.
EMPIEZAN LOS JUICIOS
Efe ha podido estar una mañana en su juzgado. Nada más llegar, López echa un vistazo a los atestados policiales cuyos juicios rápidos tienen que celebrarse en esta jornada. El primero tiene como protagonistas a dos jóvenes que no llegan a la treintena. Primero entra ella. Le leen sus derechos y, tras ello, la mujer afirma que mantiene una relación sentimental con el detenido y rechaza declarar.
"¿Quiere contarnos lo que ha sucedido?", le pregunta la jueza, a lo que ella responde: “No puedo, le quiero". López le insiste: “¿No está coaccionada?”. La mujer asegura que no y, finalmente, abandona la sala. Entra el detenido, quien sí opta por contar su versión de los hechos. Según él, no son pareja, y la noche anterior tuvieron una discusión en la que ella le amenazó y él la tuvo que agarrar para que se calmara. "Soy superpacífico", dice.
Sin parte médico de lesiones, sin declaración de la víctima, el fiscal pide el sobreseimiento ya que, además, un testigo que ha declarado no ha aportado "nada relevante". La jueza sobresee el caso.
En el segundo, la mujer no se presenta y el detenido se acoge a su derecho a no declarar. En el tercero, la denunciante sí expone su versión de los hechos y a través de su letrado pide una orden de protección. Según cuenta, el hombre nunca ha sido agresivo, pero el día anterior tuvieron una discusión en el coche y, en un momento dado, él dio un frenazo y la arañó en la cara. Ella, además, aporta varias conversaciones por WhatsApp que considera vejatorias.
La versión de él dista mucho de la de ella. Asegura que frenó porque había un vehículo delante y que fue ella quien se arañó con el móvil. No hay parte de lesiones. El fiscal considera que no hay riesgo para la mujer y pide que siga el caso, pero por un delito leve de vejaciones por los mensajes enviados por el acusado a la mujer.
En otro de los juicios, la denunciante, una mujer joven, también declara contra su presunto agresor, con quien tiene un hijo en común. Aunque la jueza no acuerda orden de protección porque no hay situación objetiva de riesgo, sí procede a continuar la causa.
Según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al segundo trimestre del año, las víctimas de violencia machista que rehusaron declarar fueron 4.231, un 33,89 % más que hace un año.
No obstante, pese al incremento, acorde con el experimentado por el número total de víctimas, la ratio de mujeres que se acogieron a la dispensa fue muy similar al de hace un año: 10,53 víctimas por cada cien casos frente a las 10,31 de cada cien en el mismo periodo de 2020.
CIRCUITOS DIFERENCIADOS
Estas dependencias judiciales están organizadas de forma que la víctima no tenga que cruzarse en ningún momento con el acusado; hay circuitos diferenciados. Los que están detenidos llegan directamente desde los calabozos que hay en el edificio.
De esta forma, la mujer que denuncia por malos tratos no tiene que pasar por el mal trago de ver al denunciado.
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género señala que "para evitar la victimización secundaria", hay que "priorizar la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor, dotándolos de medios audiovisuales que eviten la repetición de las declaraciones y de intérpretes cualificados".
LOS MENORES
Y otra de las medidas que incluye el Pacto, en vigor desde 2017, es habilitar "instalaciones amigables en los juzgados, (incluidas cámaras de Gesell) para atender a los niños y niñas víctimas", como la que tienen estas dependencias judiciales madrileñas.
La cámara Gesell, explica la magistrada López, sirve para tomar declaración a los menores de 14 años "de la manera que menos victimización produzca" y ello es posible gracias a que está formada por dos habitaciones anexas unidas por un espejo espía. Una de ellas es luminosa y con juguetes y mobiliario de color, y es donde el menor responde a las preguntas que le traslada un psicólogo y que previamente son las que le ha pasado el juez y las partes, quienes se encuentran al otro lado del espejo.
"De esta manera, el menor contesta a las preguntas que el psicólogo le formula de forma distendida, como si estuviera manteniendo una conversación con una sola persona. El psicólogo es el intermediario y, por ejemplo, en vez de preguntarle directamente al niño si su padre pegó a su madre en un día concreto, le comenta si ha visto en alguna ocasión algo que le ha llamado la atención o si su madre ha tenido alguna dolencia", explica la magistrada.
Y se tiene que hacer de una manera que no perjudique ni pueda traumatizar al menor, quien, no obstante tiene que entender el contexto, saber que está ahí para declarar por algo que ha pasado. Es la prueba preconstituida, de forma que solo tenga que declarar en esa ocasión y con todas las garantías para que sea válida durante todo el proceso judicial.
Además de esta sala Gesell, en estos juzgados madrileños de violencia sobre la mujer, se encuentra la "sala diver", fruto de un convenio de colaboración de la Comunidad de Madrid y una fundación. Es una estancia de espera llena de juguetes y dibujos, similar a una clase de escuela infantil, indicada para los niños que vienen acompañando a las madres que han denunciado y tienen que declarar pero también cuando ellos mismos tienen que hacerlo.
Alba es la educadora que se encuentra en esta sala para atender a los niños que llegan. Durante esta jornada se encuentra vacía, pero hay días que se han llegado a juntar cuatro niños.
"Es un espacio para que desconecten del lugar y la situación por la que viene la mamá. Intento sobre todo jugar con ellos, que se lo pasen bien, estén a gusto y piensen más en lo que están haciendo en ese momento que en lo que tienen. Que todo sea lo menos traumático posible", explica la educadora.
La coordinadora de las oficinas de asistencia a víctimas de delitos de la Comunidad de Madrid, María Jesús Juárez, cuenta a Efe que, por su experiencia, los niños víctimas de violencia machista vienen mucho más afectados que los de otro tipo de delitos y, generalmente, hablan menos.
"Se ve claramente que el niño tiene un conflicto claro de intereses porque suelen decir que quieren a los dos por igual y les cuesta hablar", señala Juárez.
En esta jornada, ningún niño ha tenido que declarar, aunque las puertas de la sala siguen abiertas porque los casos de maltrato, lamentablemente, no cesan.
