El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado, en sesión extraordinaria y mediante vía telemática, la adjudicación del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano de la ciudad al Grupo Raga. Y asimismo, ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
En cuanto a la primera propuesta, ésta ha salido adelante con los votos favorables del Equipo de Gobierno y la abstención del resto de grupos municipales y del concejal no adscrito, Domingo Villero. Y la segunda ha recibido el apoyo de, además del Gobierno local, el grupo municipal socialista, mientras que el PP, Ciudadanos y Villero se han abstenido.
La concejala delegada de Medio Ambiente, Rocío Sáez, ha recordado que ya el pasado mes de julio el Pleno aprobó el pliego de dicho contrato de servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano de la ciudad, y ha agradecido a los técnicos municipales tanto del Área de Medio Ambiente como de Contratación el trabajo que han realizado en estos últimos meses para poder resolver esta licitación en un plazo de cinco meses, “prácticamente lo mínimo para un contrato de este calibre contando con los plazos administrativos”, ha resaltado.
Asimismo, ha apuntado que si en un plazo de 15 días no se presentan recursos, se procederá a la firma del contrato con el Grupo Raga, la oferta más valorada por la mesa de Contratación.
Sáez ha destacado que se trata de un servicio “clave” para la ciudad, puesto que abarca el mantenimiento y conservación de las zonas verdes. Es por ello que con este nuevo contrato se va a elevar el presupuesto en un 20%, “lo que supone casi un 40% desde el último contrato que licitara el Partido Popular en 2013”. “Esto –ha añadido- demuestra nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y con el patrimonio verde de nuestra ciudad”.
Además, este nuevo contrato permitirá la renovación del 80% de la flota y maquinaria del servicio, con vehículos más sostenibles, y también incluye novedades tan importantes como la elaboración del Plan Director y de Gestión del Arbolado de la ciudad, “un documento más que necesario que va a marcar el rumbo de las plantaciones, las podas… En definitiva, de toda la gestión relativa a nuestro arbolado”. Igualmente la concejala ha resaltado las mejoras que se van a realizar en los sistemas de riego por 60.000 euros al año, así como la creación de una planta de compostaje para los restos de la poda y la siega, y de la que se avanzará más información una vez se rubrique el contrato.
Por último, Sáez ha afirmado que el seguimiento de este contrato va a ser “férreo y constante”. Y ha desmentido las acusaciones tanto del PSOE como de Domingo Villero sobre el recorte de dos empleados en la plantilla. “Esa afirmación es totalmente falsa, pues se mantendrá el mismo número de personas que hasta el momento, teniendo en cuenta que ya se amplió el número de trabajadores en 2018”. Y también ha señalado que se realizarán promociones internas y ampliaciones de jornadas, “por lo que no sólo se mantiene la plantilla, sino que además se mejora su rendimiento y cualificación”.
Villero y también la concejala del PP Mayte González han criticado que el Equipo de Gobierno no haya “municipalizado” este servicio, y por su parte la portavoz socialista, Mara Rodríguez, ha pedido que se haga un “seguimiento exhaustivo” del cumplimiento de este contrato, así como una mayor coordinación de la empresa con la Delegación de Mantenimiento Urbano “para que actúen de una forma más conjunta”.
La portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha valorado de forma positiva “la agilidad en la adjudicación” de este servicio, felicitando por ello a la concejala Rocío Sáez y a los técnicos municipales implicados, e igualmente ha celebrado la futura redacción del Plan Director y de Gestión del Arbolado de la ciudad, expresando su deseo de que la elaboración del mismo sea “participativa”.
Con respecto al segundo punto, el concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Paéz, ha explicado que lo que se pretende con este trámite es “adaptar la ordenanza fiscal a la nueva normativa del Gobierno Central para el cobro de la plusvalía tras la nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sólo eso, y no con el fin de cobrar más ni cobrar más rápido”, como le han acusado el grupo municipal popular y Ciudadanos.
“Queremos cobrar los impuestos necesarios, que se dejen de cobrar los no necesarios y que se devuelvan los importes que no se deberían haber cobrado”, ha incidido el edil, que ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos municipales para realizar esta adaptación conforme a la ley.
