"Le di un pequeño empujoncito y se cayó”. A continuación, él y los otros tres detenidos, que ya están en prisión, llegaron a asegurar que “socorrieron a Andrés, lo levantaron del suelo y le dieron de merendar”. Esta es la versión que defienden los acusados de dar una brutal paliza el pasado 31 de enero y a plena luz del día a un joven con discapacidad intelectual de 19 años y vecino de la Estancia Barrera. Sus presuntos agresores, de 20, 22, 32 y 48 años, también son de la zona, cuentan con antecedentes pero en su historial delictivo no consta una agresión “de tanta magnitud”, explica a este medio el abogado jerezano Juan Junquera Medina, que ejerce la acusación particular conjuntamente con Pablo Coveñas Núñez, en representación del joven. Los dos estuvieron presentes en las declaraciones de los cuatro ante el juez y Fiscalía, a los que prestaron unos relatos “con contradicciones” y difícil de sostener. Para Junquera, sus manifestaciones responden a una estrategia clara de intentar que todo el peso probatorio recaiga sobre uno de ellos, que es el que habla de una caída accidental tras darle un “empujoncito” o “toquecito” en el hombro “para pararlo, porque estaba dando la lata” (Andrés iba paseando con sus cascos escuchando música y cantando). Las lesiones que presenta el joven tiran por la borda esta estrategia: fractura de pómulo y mandíbula, de la que ha tenido que ser intervenido en el Hospital Puerta del Mar, y daños en uno de sus ojos que han precisado de un drenaje para rebajar la infección provocada. Debido a la paliza, Andrés quedó tendido en el suelo malherido y fueron dos vecinas las que lo socorrieron y avisaron a su madre. Desde entonces, permanece ingresado en el hospital gaditano, que es donde se siente más seguro, aunque respira un poco más tranquilo tras conocer que los cuatro detenidos han ingresado ya en prisión. “Está bastante asustado, no quiere salir del hospital, cuando le dijimos que ya están en prisión se puso algo más contento, se quedó más tranquilo, tanto él como su madre”, apunta su letrado.
En el caso de Andrés, su discapacidad reconocida del 33%, y que no se revisa desde 2006, con lo que también un forense tendrá que que tenerlo en cuenta en el proceso, no le impide personarse como acusación particular, y de hecho los dos letrados lo han visitado en los últimos días en el hospital. “Nos hemos personado directamente en representación de Andrés, tiene capacidad para personarse; le explicamos todo, que vamos a defenderlo a intentar hacer justicia y él lo entendió perfectamente”.
De tres a seis años de cárcel
Aún queda un largo camino por delante y es prematuro hablar de calificaciones, pues la instrucción acaba de empezar, los abogados tienen claro que “vamos a pedir lo máximo” y buscarán una sentencia “ejemplarizante”.
De momento, los cuatro han sido imputados por un delito de lesiones graves y se encuentran en prisión provisional, sin fianza y comunicada a la espera de juicio, pero el código penal, expone, Junquera, contempla varios supuestos que podrían elevar la pena de prisión. De hecho, si bien las lesiones con el resultado (grave) de Andrés están contempladas en el artículo 147, en el número 148 se añaden ciertas circunstancias y supuestos que “agravan la pena con el mismo resultado”, como es la discapacidad, el ensañamiento y la alevosía, por un delito de lesiones agravado, castigado con dos a cinco años de cárcel. Además, el artículo 150 aumenta la horquilla de 3 a 6 años si se da la circunstancia de pérdida o inutilidad de un órgano. “No sabemos cómo va a quedar el ojo, si va a tener una grave deformación. Estamos seguros de que estamos ante una pena importante, y que va a ser alta, pero el tipo legal todavía exacto va a depender de la evolución de las heridas y de las secuelas”. A ello añadirán un agravante genérico claro como es el abuso de superioridad por parte de los agresores. “Ellos conocían perfectamente a Andrés del barrio, su discapacidad se aprecia porque tiene microcefalia, es perceptible, y no les importó. Andrés es un chico especial y la gente en el barrio lo aprecia mucho”, concluye.
De momento, ni la Junta ni las asociaciones se han personado como acusación popular, aunque “tienen opción de hacerlo”.
