El escándalo político sobre los abusos del exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada por la Generalitat está sustentado en la presunta falta de atención adecuada al caso por parte de la Conselleria que dirige la colíder de Compromís. Y ese escándalo crece hoy un poco más con la reapertura judicial de la investigación, que conlleva la toma de declaración a seis cargos del departamento dirigido por la vicepresidenta.
En declaraciones a los medios de comunicación Oltra ha considerado una "cacería política de la extrema derecha" estas últimas imputaciones y ha augurado que "no tendrá ningún recorrido". La vicepresidenta también ha lamentado que "funcionarias que llevan décadas haciendo su trabajo profesionalmente se vean afectadas por esta situación porque no deberían verse envueltas en esto".
La imputación ha generado un nuevo torbellino de críticas por parte de la oposición. Desde el Grupo Popular, la síndica en Les Corts, María José Catalá, ha señalado que "Oltra no puede seguir al frente de la Conselleria con este proceso en marcha ni Puig seguir de perfil como si esto no fuera con él, porque esto sí que va con él y con su gobierno y con la responsabilidad de su gobierno porque hay cargos y técnicos imputados".
No menos críticos se han mostrado desde VOX, Ana Vega, síndica en Les Corts ha pedido "la comparecencia de Mónica Oltra para que dé explicaciones" y ha añadido que "si la vicepresidenta no dimite y Puig no la cesa, el presidente debería convocar elecciones porque está demostrando que no puede controlar ni a su propio gobierno".
La causa contra los altos cargo de Oltra se ha reabierto a petición de la Audiencia Nacional, a pesar de que esta ya había sido archivada por la Fiscalía. La Audiencia ve una falta de respuesta ante un suceso tan grave por lo que los hechos podrían ser punibles aunque finalmente el acusado fuera absuelto.
