El Ayuntamiento de Rota ha aprobado por mayoría esta mañana acogerse a una operación de crédito avalada por el Ministerio de Hacienda para inyectar solvencia a los proveedores que se hayan acogido con facturas presentadas en el Ayuntamiento con una fecha anterior del 1 de julio y que estuvieran sin pagar por el consistorio. Un 99% de los proveedores se han acogido a esta medida que prestará un total de 4,9 millones y que el Ministerio de Hacienda inyectará en las empresas a cambio de una concertación de crédito que el Ayuntamiento tendrá que reintegrar en un plazo de 12 años.
El Ayuntamiento se ha acogido a este préstamo a través de la operación de crédito a largo plazo porque “una retención de la PIE no solucionaría el problema de fondo para reducir el periodo medio de pago y, por otro lado, se da la circunstancia que las amortizaciones de la deuda financiera de este ayuntamiento entre en el año que viene entra en un periodo de flexibilidad”.
Así lo ha explicado el primer teniente de alcalde, Daniel Manrique. Lo primero en el pleno ha sido dar cuenta de las facturas, la adhesión del plan de pago a proveedores, la actualización del plan de ajuste -que conlleva la actualización de los datos en el ejercicio de los años futuros- y el compromiso que establece el ministerio si se plantean otras medidas complementarias en el futuro.
Desde el grupo Mixto, Moisés Rodríguez, en representación de Podemos, manifestó su absteción basándose en que la gestión para la reducción no se está adoptando como debería. Por parte de Ciudadanos, Gilberto Bernal, expresó que los atrasos de las facturas vienen dadas por las políticas de los gobiernos, tanto el actual como el anterior y votaron a favor del cobro de estas facturas. Desde Izquierda Unida, su representante, Pedro Pablo Santamaría manifestó su abstención argumentando una “falta de consenso” sobre las medidas que podrían haberse implementado en este Plan de Ajuste y proponiendo que estas medidas deberían incorporar una batería de reducción del gasto y el fortalecimiento de los servicios sociales.
Vox se sumó al “sí” subrayando que el motivo se debía a una “mala” gestión local además de aludir a la reducción a la burocracia. Desde el grupo popular, acogerse este plan de ajuste es “reconocer” que “lo que llevábamos avisando sobre la situación catastrófica era real”, subrayó la portavoz popular, Auxiliadora Izquierdo, y preguntó sobre el número de facturas de proveedores que no se hayan acogido al plan y cuántas facturas quedan todavía pendientes. El primer teniente de alcalde, Daniel Manrique, ha informado que son doce los proveedores que no se han acogido que representarían 50.000 euros.
Manrique respondió que el motivo por el que no se paga es por el periodo de amortización, “cuando se deja un ayuntamiento endeudado hasta las cejas como lo dejó el gobierno de la señora Izquierdo, vienen estos problemas” y señaló que se ha reducido el periodo medio de pago de “forma drástica”. Se ha referido a esta medida como la “solución definitiva a la bancarrota que dejó el PP que se está pagando ahora” y ha comparado que “se ha reducido dos millones cada año, es más que una EDUSI”.
