La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha admitido que no ha hablado con la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, sobre la declaración de utilidad pública y expropiación de los suelos de Delphi, cuya tramitación se inició a finales de 2019, y que podría frustrar la iniciativa de la ciudad tecnológica del deporte por parte del Cádiz CF, titular de la parcela, pero le ha mandado un recado tras atender a los medios de comunicación esta mañana.
“Si hay alguna administración como la APBC que ponga sobre la mesa un proyecto mejor, estamos abiertos a ello, pero tenemos claro que no queremos almacenamiento de graneles”, ha advertido.
Cabe recordar que la APBC justificó la petición de utilidad pública por parte del Gobierno porque “existe un alto riesgo a corto plazo (cinco años) de saturación” del nivel de ocupación del dominio público en Cabezuela-Puerto Real”.
Descartados los terrenos de El Puerto para la acción logística de grandes volúmenes por la “mala conectividad viaria, la ausencia de calado y la imposibilidad de conectividad”, planteó la adscripción de dos parcelas de El Trocadero para satisfacer las necesidades comerciales: la ocupada por la empresa Alestis y en la que se asientan las instalaciones de la antigua Delphi, que se destinarían principalmente al almacenamiento de graneles.
“Vamos a pensar en los vecinos de la barriada del Río San Pedro, que son los más afectados” por una actividad que consideran altamente contaminante, ha agregado.
En cuanto a los motivos por los que el Ayuntamiento de Puerto Real secundó la propuesta de la APBC inicialmente en este sentido, Amaya lo ha justificado aludiendo a la deuda municipal de 140 millones, con un presupuesto de solo 34. En una situación así, “te agarras a un palo ardiendo”, ha reconocido.
Sin embargo, la alcaldesa ha encontrado en el Cádiz CF un socio que le ha permitido, por lo pronto, ingresar en las arcas del Consistorio 1,6 millones de euros en concepto de IBI, gracias a la adquisición del terreno.
Además, ha celebrado la presentación de un proyecto de envergadura por parte del club para una localidad “castigada” por el cierre de Delphi, el traslado de la planta de Airbus y el deterioro de la industria naval, sin carga de trabajo.
Finalmente, ha restado importancia a las informaciones que cuestionan al fondo de inversión Mar Océana, que gestiona la iniciativa, que algunas informaciones vinculan con el caso Villarejo.
“No vamos a entrar en quién está detrás del fondo; es un proyecto ilusionante”, ha remachado.
Teófila Martínez, por su parte, ha rehusado hacer declaraciones sobre el revuelo levantado por la compra del suelo de Delphi y se ha remitido a lo señalado por la Abogacía del Estado, en relación a que, si se declara la utilidad pública, Puertos del Estado se haría con la finca.
