La resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) que obliga al Ayuntamiento de Cádiz a revisar por tercera vez la oferta de Cointer para la licitación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos y tumba la adjudicación a Acciona abre cuatro posibles escenarios, según expertos jurídicos consultados por INFORMACIÓN, que dilatarán y enmarañarán todavía más el procedimiento administrativo iniciado en septiembre del pasado año 2019.
Las fuentes consultadas analizan, en primer lugar, la posibilidad de que el equipo de Gobierno recurra el dictamen del órgano de arbitraje de la Diputación Provincial de Cádiz ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta decisión, apuntan, dilataría hasta los 18 meses una resolución por parte del TSJA, lo que no se acomoda a los objetivos de celeridad en la adjudicación del contrato, y se antoja remoto que adopte medidas cautelares. En cualquier caso, este recursos no suspende el fallo del TARC, de manera que la mesa de contratación tendría que informar nuevamente de la oferta de Cointer.
Cabe la opción de que, en este segundo escenario que se plantea, dicha oferta sea decretada inviable. Pero los expertos recuerdan que los servicios técnicos municipales ya realizaron una primera evaluación que la consideraron viable. En cuanto la segunda, forzada por Acciona, y que excluyó a Cointer del procedimiento, apuntan que el TARC ha constatado errores materiales por parte del Ayuntamiento. De manera que concluyen que, si en la primera evaluación no se observó causa de inviabilidad y las causas esgrimidas en la segunda han sido desestimadas por el órgano de arbitraje, parece razonable que no se volverá a rechazar, pese a que el equipo de Gobierno ha insistido en que lo hará. En este sentido, los jurídicos señalan que deberá existir un plus de motivación para justificarlo.
Llegado el caso, resulta previsible que se produciría un nuevo recurso ante el TARC por parte de Cointer, suspendiendo el procedimiento de adjudicación una vez más hasta que el TARC no se pronunciara, lo que podría retrasar entre tres y cuatro meses la resolución.
Un tercer escenario plausible contempla una tercera evaluación favorable a Cointer, una vez verificados los errores cometidos en la segunda evaluación, de manera que le adjudicara el contrato. Pero, si esto se produjera, es altamente probable que Acciona decida interponer un nuevo recursos especial en materia de contratación al TARC, lo que bloquearía nuevamente la licitación. Los jurídicos consultados pronostican, de todos modos, que el alcance del recurso, atendiendo a las dos resoluciones emitidas ya por el órgano de arbitraje, sería limitado, restringido y de difícil concreción.
La portavoz del equipo de Gobierno, Lorena Garrón, ya descartó un último escenario, en el que cabría la anulación del procedimiento de licitación del contrato y se prepararan otros pliegos. Esto, además de retrasar la puesta en marcha de los servicios objeto del contrato, generaría del mismo modo un conflicto administrativo y recursos cruzados por parte de los distintos licitantes. Además, las empresas que concurrieron a la licitación en curso podrían iniciar eventuales acciones de responsabilidad para recuperar los costes incurridos durante todo el procedimiento. La portavoz del equipo de Gobierno, Lorena Garrón, admitió este viernes que la situación es muy delicada. En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Garrón confirmó que la mesa de contratación se reunirá esta semana y, por lo tanto, no pudo confirmar que se ratificará en su adjudicación a Acciona. Sin embargo, como se ha apuntado, insistió en que “secretaría, técnicos municipales, el Área de Medio Ambiente, todos, estamos convencidos de que hay baja temeraria en la oferta de Cointer”.
Sin embargo, los expertos jurídicos interrogados esta semana por VIVA CÁDIZ indican que, de acuerdo a la información facilitada por el TARC, esta oferta “es prácticamente idéntica económicamente a la competencia”, diferenciándose únicamente en un canon del servicio de 3.500 euros al año en un contrato de 14,5 millones anuales. “Cointer obtiene la mejor puntuación técnica entre las tres ofertas presentadas. Al sumarla con la económica, resulta un diferencial con el resto de licitadores que causa la presunción de temeridad de la oferta, pero no por falta de canon con el que atender las necesidades del contrato”, explican. Por lo tanto, concluyen, la oferta era perfectamente viable y, por ello, propusieron adjudicar la misma inicialmente. Solo tras el recurso de Acciona, la mesa de contratación determinó lo contrario, pero las fuentes consultadas indican que las aclaraciones de Cointer han evidenciado que el informe era erróneo, tal y como dice el tribunal.
