Pocas horas después de que expirase la ley que autorizaba esa misión, el ministro japonés de Defensa, Toshimi Kitazawa, emitió oficialmente la orden de detener las operaciones logísticas que desde 2001 daban apoyo a EEUU y sus aliados en el Océano Índico.
El fin de esa misión era una de las promesas electorales con las que el primer ministro, Yukio Hatoyama, llegó al poder en septiembre, cuando acabó con más de cinco décadas de poder casi ininterrumpido del Partido Liberal Demócrata (PLD).
Hatoyama, del Partido Democrático (PD), defendió desde el principio una política exterior “más independiente” de EEUU, lo que incluyó el anuncio del fin del apoyo logístico a la guerra en Afganistán.
Las peticiones de Washington y Kabul para que mantuviera su misión en el Índico fueron desoídas por el Gobierno nipón, que mantuvo su decisión y argumentó que desde ahora centrará su estrategia en “asistencia civil”.
Como contrapartida a la retirada, anunció que destinará hasta 5.000 millones de dólares en cinco años para la reconstrucción en Afganistán, especialmente para programas de formación de profesionales y ayudas civiles.
“Creo que la asistencia directa y civil es importante para asegurar la paz y la estabilidad económica en Afganistán”, señaló hoy Hatoyama, que insistió en que Japón seguirá tomando parte en los esfuerzos internacionales contra el terrorismo, aunque no especificó cómo.
El fin de la misión ha estado acompañado de la petición de algunos ministros, entre ellos el de Exteriores, Katsuya Okada, de examinar las actividades de las Fuerzas de Autodefensa Marítimas (el eufemismo con el que se conoce a la Marina), acusadas de falta de transparencia.
Okada, en concreto, se refirió a las denuncias de varios colectivos de que parte del combustible que Japón proporcionó en el Índico acabó siendo utilizado para la guerra en Irak en lugar del conflicto afgano, una cuestión que ya levantó gran polvareda en el Parlamento en 2007.
