No es la solución deseada, pero ayer, la primera familia que iba a ser desahuciada en la barriada Santa Julia de la capital malagueña, tuvo que conformarse a la fuerza con retrasar la decisión judicial, asociada según parte del movimiento vecinal a la especulación inmobiliaria en la zona, diez días.
Por la mañana, se preveía que la comitiva judicial se personara en la calle Caña para echar de su vivienda habitual a una familia con dos menores, y allí se concentró parte del vecindario, junto a integrantes del colectivo Abanico Solidario y representantes de partidos políticos como PSOE; Unidas Podemos o Equo.
Desde Abanico Solidario se indicó a Viva Málaga que en la jornada del miércoles se había intentado parar el lanzamiento en sede judicial, pero “los funcionarios no atendieron las peticiones”, pese a que “la asistenta social presentó un informe de vulnerabilidad”.
Mientras tanto, la edil del Grupo Municipal Socialista Alicia Murillo indicó que el caso de esta familia le puede pasar a cualquiera, pues pese a que en su día fueron beneficiarios de la ayuda al alquiler, las circunstancias laborales y personales empeoraron, y al perder ese derecho y no poder hacer frente a los pagos, dejaron de llevarse a cabo en el mes de agosto. “Por una mala racha, que le puede pasar a cualquiera, y que ha coincidido con falta de ayuda”, reclacó Murillo.
Alvarez lamentaba ayer la elevada presencia policial durante el proceso de lanzamiento, en el que “la familia se ha visto obligada a firmar la prórroga de diez días”, mientras que Murillo incidía en “la falta de planes de apoyo al alquiler desde el ayuntamiento y la inexistencia de algún tipo de ayuda económica de urgencia”. Más si cabe, cuando el afectado, “hoy ha encontrado trabajo y está remontando, pero se ve en un desahucio con la obligación de empezar de nuevo, con lo difícil que es es encontrar piso en Málaga para alquilar”.
Mientras tanto, los concejales del grupo municipal de Unidas Podemos por Málaga (UPporMálaga) exigían in situ al alcalde, Francisco de la Torre (PP),“que ponga en marcha con la máxima celeridad posible una unidad antidesahucios que intervenga de forma preventiva en favor de las familias vulnerables para proteger sus derechos fundamentales y garantizarles el acceso a una vivienda digna”.
El edil, Nico Sguiglia, denunciaba una vez más que “los propietarios de estos bloques en Santa Julia están realizando un acoso inmobiliario a los vecinos para que los abandonen y poder especular con ellos”.
Al igual que el representante de Abanico Solidario, recordaba que la jueza encargada del caso “no ha querido admitir el informe de vulnerabilidad social emitido por los propios servicios sociales municipales. De haberlo hecho, la familia se hubiera podido acoger a las medidas decretadas por el Gobierno de España dentro del escudo social y se hubiera evitado el desahucio”.
