La Fiscalía pide cárcel para dos guardias civiles por mentir en el juicio de Lucía Garrido

La Fiscalía malagueña ha acusado a dos guardias civiles por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir durante el juicio celebrado en 2019 por el asesinato de Lucía Garrido, hallada muerta en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008.

Los agentes, biólogos y que ostentaban el cargo de comandante y capitán, se enfrentan a una petición fiscal de dos años de cárcel e inhabilitación especial durante doce años para desempeñar las funciones de guardia civil y de perito judicial, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

En el juicio de Lucía Garrido fueron juzgadas cuatro personas por el asesinato de la mujer (el exmarido, dos guardias civiles, como presuntos autores intelectuales, y una cuarta persona como supuesto autor material) y fueron declarados no culpables entre otras cuestiones por dudas sobre el ADN encontrado en una llave.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revocó la absolución respecto al exmarido y al presunto autor material y se está pendiente de repetir un nuevo juicio con jurado después de que el Supremo confirmara la sentencia dictada por el TSJA en 2020.

En el escrito acusatorio del fiscal contra los dos guardias civiles acusados de mentir se explica que los procesados declararon en el juicio de Lucía Garrido el 24 de septiembre de 2019 y que "por razones o estímulos que no se han podido determinar" ocultaron información o deformaron la realidad.

De esa forma desacreditaron las conclusiones que habían hecho con anterioridad sus compañeros en un informe de 2016 "todo ello con el único objetivo de sembrar dudas en el jurado y provocar un veredicto de no culpabilidad".

Los acusados declararon juntos y a través de videoconferencia, de forma que a lo largo de la declaración uno y otro tomaban la palabra espontáneamente sin que en ningún momento se corrigieran entre si o exteriorizaran alguna discrepancia entre ellos.

Ratificaron los resultados del primer proceso analítico y otro informe emitido en mayo de 2009 pero "comenzaron a faltar a la verdad al negar, hasta en cuatro ocasiones, que conocieran el origen y el contenido del informe de identificación de ADN".

Crearon dudas sobre que las muestras de ADN encontradas en una llave en el lugar del asesinato y generando dudas respecto a la conservación de las mismas, pese a que eran conocedores de que se habían conservado y que, en 2015 fueron analizadas de nuevo con mejores técnicas.

Gracias a ello, se pudo extraer una prueba de ADN que, cotejada, obtuvo una coincidencia entre el perfil genético encontrado y el ADN de uno de los acusados por el crimen, el presunto autor material, por lo que los expertos que hicieron el análisis realizaron un informe en 2016 que remitieron al juzgado.

Los acusados eran conocedores de dicho informe elaborado en 2016 pero durante el juicio, celebrado dos años más tarde, desacreditaron las conclusiones de los compañeros y presuntamente faltaron a la verdad negando que conocieran el contenido de dicho estudio.

La acusación pública sostiene que los procesados "mintieron" y respaldaron la tesis de los peritos de la defensa que cuestionaban dicha prueba.

Los acusados vestían uniformes de la Guardia Civil y dieron información sobre el funcionamiento interno del laboratorio forense "que siendo falsas parecían espontáneas y auténticas, sin que nadie pudiera rebatirlas en ese momento", lo que resultó sumamente útil para apuntalar las conjeturas de los peritos de la defensa.

Dichos peritos cuestionaron la cadena de custodia para inocular la duda en una parte del jurado y "faltando a la verdad los acusados consiguieron neutralizar la principal prueba de la acusación y provocar un veredicto de no culpabilidad", destaca el fiscal en su escrito acusatorio.