La Fiscalía ha pedido seis años de prisión y multa de 7,3 millones de euros a un acusado de una estafa a la Seguridad Social que habría superado el millón y medio de euros con hasta una docena de sociedades mercantiles, cuyas participaciones habría vendido a un testaferro, en situación de busca y captura, para supuestamente "dejar de figurar como titular y administrador de las empresas deudoras".
Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado se habría guiado por "el ánimo de eludir sus obligaciones" frente a la Seguridad Social para gestionar "un grupo de empresas a través de una serie de mercantiles directamente administradas por él" o por esta persona en paradero desconocido pero "en todo caso controladas por el acusado".
Las actividades que declararon estas sociedades fueron las de restaurantes y puestos de comidas, intermediarias del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, o proveedoras de alimentos para eventos, en Madrid, la capital granadina, o Atarfe o Fuente Vaqueros, en su área metropolitana.
El Ministerio Público apunta a que todas las mercantiles "constituyeron un grupo de empresas que integraron una unidad de acción bajo una misma administración" en tanto "actuaron bajo una unidad de poder de dirección empresarial entre las sociedades", con "coincidencia de los objetos sociales" en torno a la hostelería, y de los "domicilios declarados".
Además, supuestamente "estas empresas desarrollaron su actividad de forma simultánea coincidiendo en periodos unas con otras o incluso sucediéndose", con "trasvase de trabajadores" entre ellas "sin solución de continuidad" y "confusión patrimonial" con "constante facturación entre las mercantiles" con "una misma actividad" y "caja única de facto".
La venta de las participaciones de las sociedades "se ejecutó entre los meses de noviembre y diciembre de 2019" a la "persona interpuesta, prestando su identidad en unos negocios que continuaban siendo gestionados" por el procesado a fin de "eludir sus obligaciones a la Seguridad Social, dificultando o imposibilitando igualmente la acción recaudatoria de la misma".
De este modo, y siempre según el relato del fiscal, "el acusado continuó con la actividad por medio de las empresas sucesoras, se deshizo o abandonó aquellas sociedades del grupo que tenían una mayor deuda, a la vez que continuó eludiendo los pagos obligatorios correspondientes a los seguros sociales de sus trabajadores".
Habría presentado a los órganos de la Seguridad Social, en este contexto, "documentos de cotización con ocultación y alteración de datos contables, obstruyendo la labor de inspección de dichos organismos".
Así las cosas, el perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social procedente de "deuda propia" por impagos de cuotas obligatorias, sumados intereses, costas y recargos, ascendió a más de 1,5 millones de euros entre enero de 2014 y junio de 2020, sin incluir los importes de dos sociedades en los que consta actualmente un acuerdo negociado.
Teniendo en cuenta únicamente el periodo natural de cuatro años comprendido entre enero de 2016 a diciembre de 2019 y sólo las "deudas principales" reclamables a estas sociedades que determinarían los elementos objetivos que conformarían el supuesto delito contra la Seguridad Social, "la suma de dichos importes a fecha de los certificados emitidos" supera los 1,2 millones de euros.
Está previsto que estos hechos, por los que la Fiscalía también pide la privación del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a gozar de incentivos o beneficios fiscales o de la Seguridad Social por ocho años, sean enjuiciados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el próximo día 21 de junio.
