Según han informado fuentes municipales, una empresa gestora de residuos gestionaba de manera ilegal residuos peligrosos al menos desde el año 2015 y otra empresa de transporte se encargaba de trasladarlos a vertederos.
Además, los residuos plásticos que no estaban tratados de acuerdo con la normativa vigente eran exportados como materia prima al Sudeste Asiático, cuando debían haberse exportado como residuos previa descontaminación de los mismos.
Fuentes de la Guardia Civil han indicado que la complejidad y la ilegalidad de esta operación, denominada "Rubo" y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad valenciana de Massamagrell, la convierten en la mayor operación realizada en España por delitos contra el medio ambiente por la gestión ilegal de residuos peligrosos.
Tras las primeras investigaciones realizadas por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), los agentes localizaron una empresa que llevaba años incumpliendo todos los procesos relativos a la gestión de residuos peligrosos, desde el almacenamiento de envases que contenían sustancias peligrosas a la intemperie, manipulación sin autorización de residuos con amianto y residuos líquidos industriales hasta la falsificación en las codificaciones de los residuos.
La empresa acopiaba más cantidad de residuos de la que declaraba a la administración, ya que existía hasta una diferencia de 115.632 toneladas de residuos sin trazabilidad alguna en el periodo 2016-2020. La planta no estaba preparada para la gestión de esas cantidades y acumulaba en grandes contenedores que carecían de medidas de seguridad productos como amianto y ácido sulfúrico, han indicado las fuentes.
Traslados ilegales de residuos
Gran parte de estos residuos se transportaban entre empresas para acabar en vertederos sin las autorizaciones obligatorias. Se han documentado cerca de 2.800 traslados entre diferentes puntos de la geografía española, traducido en más de 200.000 toneladas de residuos sin tratar adecuadamente, mezclando residuos metales, plásticos, lodos, pinturas y hasta barnices.
Durante las inspecciones realizadas, los agentes del Seprona comprobaron la existencia de continuos vertidos a la red de alcantarillado en valores superiores a los límites establecidos. Las mediciones identificaron la existencia de contaminantes peligrosos en las aguas residuales que no eran depuradas convenientemente, lo que afectaba a la capacidad de tratamiento de la estación depuradora encargada.
La incorrecta gestión de muchos de los residuos contaminantes descubiertos en esta operación debían de gestionarse de forma establecida en la legislación, ya que los metales pesados que se producen de su mala gestión pueden llegar a la cadena trófica a través de ríos y zonas costeras.
En la operación se ha contado con la colaboración de EUROPOL en el análisis de la documentación y posibles conexiones con países de la Unión Europea, de la Subdirección General de Residuos y Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense y de la Generalitat Valencia, así como de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de Valencia y de la Empresa GRAMASER como Laboratorio de Omniun Ibérica
