La Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios (Facua) ha expresado este jueves su "satisfacción" por el contenido del auto de transformación a procedimiento abreviado dictado por la instructora del caso Magrudis --la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez--, en relación al brote de listerioris originado en el verano de 2019 y vinculado a dicha firma.
En un comunicado, la organización de consumidores destaca que las "gravísimas irregularidades en el funcionamiento de la empresa fabricante de los productos cárnicos La Mechá y la inspección municipal derivaron en un brote de listeriosis que se cobró cuatro víctimas mortales, provocó seis abortos e intoxicó a multitud de consumidores".
En este sentido, el equipo jurídico de la asociación trabaja ya en el escrito de acusación contra las siete personas y las dos sociedades mercantiles encausadas --entre ellos, los dueños de Magrudis-- en el que además de solicitar las penas para cada uno de ellos, determinará las indemnizaciones que reclamarán los afectados a los que representa en el procedimiento, añade el comunicado.
Asimismo, Facua critica que, hasta la fecha, "el Ayuntamiento de Sevilla no ha hecho nada para evitar otro caso Magrudis". "Ni el anterior alcalde en el momento en el que se produjeron los hechos, Juan Espadas, ni el actual regidor, Antonio Muñoz, han acometido los cambios necesarios para garantizar las mejoras en la inspección que la asociación de consumidores lleva décadas reclamando". Para Facua, "entre otras importantes carencias, Sevilla solo cuenta con una decena de inspecciones veterinarios".
La asociación de consumidores recuerda que Magrudis "no solo fue objeto de una inspección veterinaria en la que se cometieron gravísimas irregularidades, sino que la nave industrial comenzó a operar de forma clandestina durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, dos años antes de tener registro sanitario". De este modo, "cuando sus responsables intentaron legalizarla, ya con Espadas como alcalde, en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento nadie revisó la documentación que aportó, en la que se ponían de manifiesto anomalías que debieron derivar en su cierre inmediato".
Facua representa a 79 afectados en una causa en la que constan un total de 254 víctimas: cuatro fallecidos, seis abortos y 244 lesionados. En este contexto, la asociación considera "de especial relevancia" que, "en contra de lo que planteó en su día la Fiscalía, la instructora haya tenido en cuenta las argumentaciones que plantearon de forma conjunta todas las acusaciones e incluya entre los encausados a la veterinaria municipal que cometió las irregularidades en las inspecciones a Magrudis". "Esto abre la vía para que, en caso de ser condenada, el Ayuntamiento indemnice a los afectados".
Facua recuerda, además, que junto a la veterinaria municipal encausada, María José O.B., serán juzgados José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la empresa Magrudis SL; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario SL; Sergio L.G., arquitecto técnico; y David M.M., economista y asesor financiero de Magrudis.
La jueza ha acordado continuar las actuaciones contra todos ellos por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la aseguradora AXA, concluye el comunicado de Facua.
