La Comisión Europea (CE) ha logrado sortear hoy el principal obstáculo que tenía por delante su propuesta para que ciertas inversiones en plantas atómicas y centrales eléctricas de gas se consideren "verdes", una controvertida clasificación que llegará a los tribunales.
La Eurocámara podía vetar la propuesta de la taxonomía para esas dos polémicas tecnologías para generar electricidad, pero no reunió la mayoría absoluta necesaria para tumbar esa clasificación, diseñada para orientar inversiones financieras hacia actividades sostenibles en el futuro aunque sin aplicación práctica por ahora.
La objeción fue rechazada con 278 papeletas a favor, 328 en contra y 33 abstenciones en una incierta votación en la que se esperaba que muchos eurodiputados decidieran su postura en función de los intereses de sus países y no de la posición de sus grupos parlamentarios en la Eurocámara.
En el caso de los españoles, los eurodiputados españoles del PP, Vox, la mayoría de Ciudadanos y el PNV se pronunciaron este miércoles a favor de mantener las centrales atómicas y de generación con gas como sostenibles, mientras que el PSOE, Unidas Podemos, JxCat, ERC y Bildu se expresaron en contra de esta clasificación propuesta por Bruselas.
A nivel europeo, los Verdes y la Izquierda han sido los más unidos al oponerse a la propuesta de la Comisión; en los socialdemócratas, una treintena se ha descolgado de la línea general del grupo de rechazar la propuesta; y entre populares y liberales, unos 60 miembros han votado lo opuesto a sus compañeros de filas, a favor de objetar.
LOS VEINTISIETE
El Consejo de la UE, institución que representa a los Estados miembros en la toma de decisiones en la Unión Europea, aún puede rechazar la propuesta del Ejecutivo comunitario que preside Ursula von der Leyen, pero parece poco probable que se conforme una mayoría de bloqueo, según indicaron a Efe fuentes europeas.
Para rechazar el "acto delegado" de la Comisión, antes de la medianoche del 11 de julio tendrían que objetar el 72 % de los países (20 de 27) y que estos representan al menos al 65 % de la población de la Unión Europea (unos 290 millones de personas).
Si el Consejo guarda silencio, quedará aprobada la clasificación que describe como "sostenibles" las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.
Aunque la taxonomía no tiene actualmente consecuencias prácticas directas, esa clasificación podría convertirse en el futuro en un estándar de inversión, como pretende Bruselas. En este caso se ciñe a la energía, pero en el futuro abarcará también a sectores como la agricultura, el transporte o la industria.
El "acto delegado" sobre gas y nuclear tiene además una gran carga simbólica, como muestra el despliegue de activistas medioambientalistas dentro y fuera de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo en torno a la votación.
Su redacción gusta a la industria y a países como Francia, Alemania, a parte de los nórdicos y a muchas capitales del este de la UE. Pero la desaprueban las sensibilidades más ecologistas tanto en el hemiciclo europeo como entre las ONG o los Estados miembros de la UE, donde la rechazan países como España, Dinamarca, Austria o Luxemburgo.
Esos dos últimos países han confirmado tras el voto en la Eurocámara su amenaza de llevar el expediente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según ha indicado en Twitter el ministro de Energía y Medioambiente del Gran Ducado, Claude Turmes.
También la ONG Greenpeace ha informado de que pedirá formalmente una revisión a la Comisión y, en caso de que sea negativa, como cabe esperar, recurrirá ante el TJUE.
La CE, que se define como tecnológicamente neutral, postergó años su decisión sobre esas dos fuentes de generación hasta que a inicios de 2022 alumbró un texto al que se opusieron varios comisarios y que también criticó la plataforma de expertos independientes en finanzas sostenibles que asesora al propio Ejecutivo.
Pero el Ejecutivo considera la propuesta "realista" y en el debate previo a la votación en la Eurocámara, celebrado el martes, la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness apeló al "pragmatismo y realismo" de la cámara porque "hay países que van a necesitar el gas en una fase de transición".
Minutos antes de la votación, Von der Leyen dijo estar "profundamente convencida" de que el bloque comunitario necesitará invertir en plantas nucleares y en centrales de gas para acometer su transición energética hacia una economía descarbonizada y desprenderse aceleradamente de los combustibles fósiles rusos.
El gas libera CO2, pero menos que otros hidrocarburos como el carbón muchos lo consideran imprescindible para la transición de la UE hacia la neutralidad climática en 2050. Y la energía nuclear genera inquietud en materia de seguridad o de gestión de residuos radiactivos, pero apenas emite dióxido de carbono.
