La ley de memoria del Gobierno será aprobada este jueves en el Congreso al contar con los apoyos suficientes pero sin haber logrado un consenso amplio, ya que nace con el rechazo de la derecha, de buena parte de las víctimas del franquismo y de políticos de la Transición como el expresidente Felipe González.
El Gobierno de Pedro Sánchez tenía la intención de mejorar la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero con una nueva norma que fuera una auténtica "política de Estado", pero no lo ha logrado a juzgar por las críticas que está recibiendo, incluso por parte de históricos dirigentes socialistas.
Uno de los asuntos que está generando más polémica es el pacto suscrito entre el Gobierno y EH Bildu para sacar adelante la ley de Memoria Democrática con la aprobación de varias enmiendas, entre ellas la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia".
Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982.
Con la ampliación temporal de los trabajos de la comisión se incluye el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González, que no ha ocultado su malestar con la ley.
Aunque ha reconocido no haberla leído "a fondo", al expresidente socialista no le "suena bien" y cree que con ella corremos el riesgo de que "las memorias se conviertan en desmemorias".
"Yo no iría a nada con Bildu", ha añadido González, que forma parte del grupo de políticos de la Transición críticos con la Ley de Memoria Democrática, que entrará en vigor previsiblemente en septiembre, tras su aprobación por parte del pleno del Congreso y del Senado y sin que el PSOE prevea la incorporación de más cambios.
El que fuera ministro de la Presidencia por la Unión de Centro Democrático (UCD) Rafael Arias-Salgado ha pedido parar la tramitación parlamentaria de esta ley, ya que en su opinión "trae la división y el enfrentamiento entre los españoles y no se puede consentir".
La ministra de Cultura con el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y luego defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha calificado el proyecto como una "disparatada ley" que saldrá adelante "sin la memoria, sin la verdad y sin la justicia", y el que fuera diputado socialista durante la Transición Pedro Bofill ha opinado que pone en tela de juicio la postura del PSOE a favor de la convivencia entre todos los españoles.
También han expresado sus reticencias por la ley destacados dirigentes socialistas de la actualidad como el presidente de Aragón, Javier Lambán, que considera "un cruel sarcasmo" la enmienda apoyada por EH Bildu para estudiar vulneraciones de derechos humanos hasta finales de 1983.
Fuentes del Gobierno han aclarado que la vigencia de la ley de Memoria Democrática llegará hasta 1978, no más allá, y que la ampliación temporal hasta finales de 1983 sólo afecta a los trabajos de la comisión, que analizará aquellos casos que determine el grupo de expertos designados por el propio Ejecutivo.
Además, tanto en el Gobierno como en el grupo parlamentario socialista restan importancia al pacto suscrito con EH Bildu al señalar que la ley nace de un Ejecutivo "progresista" y "no la escribe nadie desde otro grupo".
Pero el acuerdo llega en un momento muy sensible, cuando se cumplen 25 años del asesinato del asesinato y secuestro del concejal del PP Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA, lo que ha llevado al PP, Ciudadanos y Vox a redoblar sus críticas.
Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, del PP, también han cuestionado el acuerdo del Gobierno con EH Bildu para sacar adelante la ley, aunque este último no llegó a derogarla cuando asumió las riendas del Ejecutivo.
El único expresidente que ha apoyado la norma es el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que asegura que las leyes de memoria como la actual y la aprobada en 2007 "perfeccionan" la democracia española porque "reconoce a los olvidados".
Sin embargo, para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que agrupa a la mayoría de víctimas del franquismo, la nueva ley de memoria es insuficiente porque no menciona a los "verdugos", no deroga la ley de amnistía de 1977 y no concreta indemnizaciones, entre otros asuntos.
Grupos de izquierda como ERC han manifestado sus reticencias a la ley alegando estas mismas cuestiones, pero la parte socialista del Gobierno defiende que la ley de amnistía es un aspecto fundamental de la transición y destaca la enmienda pactada con Unidas Podemos que contempla la aplicación del derecho internacional para permitir investigar y juzgar los crímenes del franquismo.
Pese a la falta de un consenso social y político amplio, la ley saldrá adelante al contar con los apoyos suficientes, ya que además de EH Bildu votarán a favor de la norma en el pleno del próximo 14 de julio en el Congreso otras formaciones como el PNV, PdeCAT, Más País o Compromís.
