Facua ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, que tramita la causa correspondiente al brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, la expulsión del Ayuntamiento como acusación después de que el Consistorio haya presentado su escrito de conclusiones provisionales, solicitando el archivo del caso contra la veterinaria municipal investigada, María José O.B.
El brote, recordémoslo, se saldó con más de 200 personas afectadas, cuatro muertes tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.
Al respecto, el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla ha ordenado continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra el administrador único de Magrudis, Sandro José Marín Rodríguez; su padre y administrador de hecho de la entidad, José Antonio Marín Ponce; su otro hijo, Mario Marín Rodríguez; Encarnación Rodríguez Jiménez como esposa de Sandro José, la inspectora veterinaria municipal María José O.B. y las sociedades Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario, por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave, al tiempo que declara responsables civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la Compañía de Seguros AXA.
La empresa, según la investigación, habría comenzado a funcionar en 2013, sin darse de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, extremo que habría realizado entonces sin autorización municipal, detectando el juzgado "una actuación deficitaria y anormal del servicio público" municipal de inspección.
La "mala praxis" de Magrudis
El juzgado achaca a Magrudis y sus responsables "una mala praxis en la manipulación y transformación de los productos cárnicos", lo que provocó "una intoxicación masiva con resultado de muertes, lesiones a fetos con resultados de abortos y lesiones a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en Andalucía"; destacando que la empresa incurría en "una falta de consideración a las mínimas reglas de seguridad alimentaria".
Para Facua, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa, el hecho de que el Ayuntamiento solicite archivar las actuaciones respecto a la veterinaria municipal "se explica en el hecho de que esta persona es una funcionaria municipal, lo cual podría terminar extendiendo su responsabilidad civil hasta el propio Ayuntamiento de Sevilla en caso de que fuera condenada".
Conflicto de intereses
Asimismo, el Consistorio también ha pedido el sobreseimiento para sí mismo en lo que se refiere a la responsabilidad civil, según Facua. A tal efecto, la asociación avisa de "un conflicto de intereses insalvable, porque al Consistorio hispalense le podría convenir la absolución de su funcionaria para así no tener que asumir el pago como responsable civil".
Por eso, Facua ha pedido su expulsión como acusación en la causa, pues "su actuación supondría un quebranto a la buena fe procesal que podría enmascar un auténtico fraude de ley o fraude procesal, incompatible con el artículo 24 de la Constitución Española en perjuicio de todas las víctimas".
De su lado, Facua solicita hasta 12 años de cárcel para José Antonio Marín Ponce, su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, Sandro José Marín Rodríguez, Mario Marín Rodríguez, el arquitecto técnico Sergio L.G. y María José O.B.; reclamando a los encausados indemnizaciones que suman 510.579,33 euros para los 79 afectados a los que representa en este procedimiento.
