Esta medida, acordada por la Junta de Gobierno Local en el marco de la actual situación de crisis económica y financiera, tiene la doble finalidad de favorecer la concurrencia a las licitaciones, fomentando la participación empresarial en las mismas, evitando expresamente gravar innecesariamente a las sociedades que decidan concurrir a cualquier licitación pública.
La adopción de esta medida por parte del Ayuntamiento de Torremolinos se basa en el carácter potestativo de la exigencia de la garantía provisional, prevista en el artículo 91 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y Disposición Adicional 2ª de la misma.