Juicio al alcalde del PP de Nerja y a siete personas más por al causa del vertedero

El alcalde de la localidad malagueña de Nerja, José Alberto Armijo (PP), y siete personas más serán juzgadas este lunes en el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga por el caso del vertedero ilegal en dicho municipio.

En el banquillo de los acusados se sentará junto al regidor su concejala de Medio Ambiente, además de seis empresarios de la construcción y seis empresas que explotaron el vertedero ilegal.

El fiscal, en el escrito acusatorio al que ha tenido acceso EFE, mantiene que fue el propio José Alberto Armijo, como alcalde en 1998, quien autorizó la explotación de esta antigua cantera, ubicado en el paraje del Río de la Miel, como vertedero.

La acusación pública mantiene que lo autorizó desoyendo reiteradamente los numerosos escritos que le advirtieron de la ilegalidad y peligrosidad de este vertedero ubicado en suelo de protección especial por sus valores naturales en las inmediaciones del río Chillar y el Parque Natural de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama.

El vertedero, que fue clausurado por orden de la Junta de Andalucía y del Seprona en septiembre de 2016 después de 16 años de funcionamiento, ocupaba 36.000 metros cuadrados en el espacio protegido del Parque Natural de la Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

En un principio se llegó a investigar a cerca de cuarenta personas, entre empresarios y cargos públicos, y se bloquearon más de 170 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 5 millones.

La Fiscalía malagueña ha pedido que el alcalde y el resto de acusados sean condenados a dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio, así como al pago de una multa de 7.200 euros.

Para las seis empresas encausadas por este mismo delito solicita multa de 18.250 euros.

Además se pide que todos ellos paguen solidariamente las obras para la restitución del paraje a su estado original, actuaciones inicialmente tasadas en torno a los 11.000.000 de euros.

El fiscal mantiene que a principios de 2000, a iniciativa del alcalde "sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental", el Ayuntamiento concertó de forma verbal la gestión del desarrollo de la actividad de vertidos de escombros y deshechos con determinadas empresas relacionadas con la construcción.

Se comunicó a la Junta de Andalucía la intención de realizar un vertedero pero el Gobierno andaluz contestó que hacía falta un estudio de impacto ambiental, aunque según la acusación pública se hizo caso omiso, y el fiscal destaca que era "un hecho público y notorio" la existencia de vertidos en una zona protegida.

El propio Ayuntamiento supuestamente depositaba en el lugar los restos de obras y de podas vegetales, según mantiene la Fiscalía, que añade que de 2000 a 2010 hubo expedientes sancionadores y denuncias sobre la situación de la zona.

En 2013 agentes de Medio Ambiente detectaron en una inspección residuos como electrodomésticos, neumáticos, restos de construcción y otros.

Posteriormente, en otra inspección realizada en 2016, se determinó que el noventa por ciento de la actividad estaba dentro del espacio natural protegido y que el suelo no estaba impermeabilizado, con vertido indiscriminado y sin ningún tipo de criterio