‘El concursillo no se toca’ ha sido siempre el leitmotiv de CSIF, único sindicato que durante años defendió este derecho de los docentes a trabajar cerca de sus familias y que se logró en noviembre de 2015. Gracias a esta medida, este curso 2022/2023 son 3.085 los docentes en la provincia de Málaga que pueden trabajar más cerca de sus familias de manera provisional.
En Andalucía, cada curso son más de 12.000 los docente que pueden conciliar su vida familiar y laboral. Este procedimiento denominado concursillo posibilita que los funcionarios docentes que no tienen el destino deseado puedan participar en la colocación anual de efectivos y así acceder a un puesto provisional más cercano a su lugar de residencia.
“Este mecanismo de reubicación temporal del profesorado se ha demostrado efectivo para favorecer la conciliación de los docentes y por eso luchamos duramente para conseguirlo y en la actualidad defendemos su mantenimiento”, afirma Francisco González, responsable de CSIF Educación en Málaga.
CSIF fue el primer sindicato en Andalucía que llevó esta reivindicación histórica a la Mesa Sectorial el 6 de octubre de 2015, lo que supuso el punto de partida para la iniciación de las negociaciones de este derecho.
Cabe recordar que esta central sindical llevaba reclamando el concursillo para el colectivo docente en Andalucía desde el año 2003, una medida que ya funcionaba en otras comunidades autónomas. Este logro -que mejora el día a día de los docentes andaluces y sus familias- “es resultado de las distintas medidas de acción sindical quejeEspecial | CSIF mos adoptado desde CSIF durante estos años, y que sólo han sido posibles gracias al respaldo de nuestros afiliados y afiliadas”, defiende González.
Dignificación de la labor docente
Otra de las medidas logradas por CSIF y que revierte en la dignificación de la profesión docente es el acuerdo para la equiparación retributiva del profesorado andaluz con la media nacional, cuya primera subida –de las tres previstas- se ha comenzado a aplicar ya en la nómina de septiembre.
Este incremento retributivo, que ha sido posible gracias a las distintas medidas de presión llevadas a cabo por la central sindical, se aplicará de forma progresiva en tres cursos escolares, de forma que el profesorado acabe percibiendo anualmente 2.030 euros (A2) y 2.310 (A1) más.
Para el responsable de CSIF, “esta es una medida que avanza en la dignificación de la labor docente y que busca que el profesorado andaluz deje de estar a la cola de nuestro país en cuanto a retribuciones”.
Del mismo modo, para mejorar la calidad de la educación pública andaluza, CSIF ha defendido y defiende de forma prioritaria un aumento de plantillas en los centros educativos. Gracias a los acuerdos alcanzados por CSIF con la Consejería de Educación, las plantillas docentes han aumentado en 7.000 efectivos durante el curso 2020/2021 y en más de 5.000 en el curso 2021/2022.
Otra de las reivindicaciones históricas de la central sindical que avanza para ser una realidad es el reconocimiento del profesorado como autoridad pública. Así, el Parlamento de Andalucía aprobó en julio de 2021 la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, que todavía debe ser desarrollada para una mayor garantía de los derechos de los docentes.
Reducción de la burocracia y bajada de ratios
Pese a que se han dado pasos en los últimos años hacia la dignificación docente, para CSIF “aún hay que hacer mucho más”, especialmente para la reducción de la carga burocrática y la bajada de las elevadas ratios.
Por un lado, entre las distintas acciones, la central sindical ha puesto en marcha la campaña ‘Stop burocracia’, que reivindica la reducción de las tareas administrativas que realizan los docentes cada día y que disminuyen el tiempo de atención al alumnado y obstaculizan una educación individualizada.
Según una encuesta de CSIF, el 70% del profesorado reconoce que las tareas burocráticas suponen entre cinco y siete horas semanales de papeleo innecesario, lo que se agrava por la falta de personal administrativo en los centros. Además, el 97% de los docentes considera que la carga burocrática es excesiva o abrumadora, de ahí que la central sindical proponga una serie de medidas que ya ha hecho llegar a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Málaga.
Por otra parte, CSIF reivindica una bajada de las ratios en los centros educativos andaluces; una medida que lleva defendiendo desde hace años. El sindicato denuncia la realidad de los centros educativos de la provincia, donde en muchas ocasiones se sobrepasa el número de alumnos por aula, como ha podido constatar pese a las dificultades por la ausencia de datos oficiales.
De hecho, CSIF ha puesto a disposición de los docentes andaluces distintas herramientas, como encuestas a través de la página web del sindicato y un buzón de incidencias, ante la falta de transparencia y datos oficiales y concretos.
A juicio del responsable provincial de Educación de CSIF Málaga, “la Administración educativa se limita a hacer un discurso maquillado usando las ratios medias cuando la realidad que se vive en los centros educativos públicos no se corresponde en absoluto con eso”.
Para conocer la situación precisa en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, CSIF ha optado por abrir un buzón de incidencias que permanecerá operativo todo el curso escolar 2022-2023 para que el personal docente pueda comunicar las incidencias que registra en cuanto a ratio en su trabajo diario.
Mediante esta herramienta se quiere desenmascarar el discurso establecido por la Administración educativa respecto a la ratio, cuyas conclusiones por el momento son que el profesorado trabaja en muchas ocasiones en condiciones de grupos muy numerosos que bordean la legalidad o exceden en un 10% adicional que se supone que debe ser para escolarización sobrevenida.
En lugar de suprimir unidades por la bajada de la natalidad, central sindical defiende que esta circunstancia se aproveche para reducir las elevadas ratios actuales en los centros educativos de la comunidad. Para CSIF, esta medida redundaría en una atención más individualizada del alumnado, permitiría desdoblamientos y, en definitiva, mejoraría la calidad de la educación pública andaluza.
