El procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos de Delphi en favor de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) sigue adelante después de que la Delegación del Gobierno en Andalucía aprobara el 11 de noviembre una resolución en este sentido. El texto detalla los “bienes y derechos afectados por la modificación sustancial de la delimitación de los espacios y usos portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz”, acordada por el Consejo de Administración de la APBC por mayoría el 21 de junio de este año.
En concreto son cuatro fincas, dos pertenecientes al Instituto de Fomento de Andalucía; una tercera cuya titularidad comparte este ente con Indanspo SL, y una cuarta, de 276.568 metros cuadrados, en la que se encontraban las instalaciones de la multinacional del motor adquirida por esta firma en subasta pública por 2,7 millones de euros para llevar a cabo la construcción de una ciudad deportiva tecnológica de la mano del Cádiz CF con fondos de la LaLiga.
Fuentes de Indanspo SL han mostrado su sorpresa ante el impulso a la expropiación por parte de la Delegación del Gobierno y que la tramitación continúe “sin que se haya resuelto el recurso presentado por el Ayuntamiento de Puerto Real en contra de la decisión del Consejo de Administración de la APBC”. Por ello, las mismas fuentes adelantan que presentarán alegaciones a la resolución recientemente aprobada y lamentan que, “si no son atendidas, acabaremos en los tribunales”.
Ante la posibilidad de que el litigio se alargue en la Audiencia Provincial, sostienen que “la mano está tendida” para alcanzar un acuerdo sobre el futuro de los terrenos con las administraciones públicas interesadas, pero reiteran que el proyecto con el Cádiz CF es la mejor opción para la finca, donde se avanzan en los trabajos de desmantelamiento de las naves, con la intención de finalizarlos en febrero.
La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, rehusó a valorar la decisión por el momento, mientras que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz insistió en que confía en que “se garantice el uso industrial y público de los terrenos para generar empleo de calidad”, y rechazó su uso para el tráfico y el almacenamiento de graneles, actividad contaminante rechazada por los vecinos del Río San Pedro.
