Una reforma del delito de malversación como la apuntada por el Gobierno y ERC podría beneficiar a al menos 24 políticos independentistas actualmente investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del 1-O, entre ellos los que fueran presidente y vicepresidente de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.
Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) por malversación y sedición: Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación. En su caso, las penas de cárcel les fueron indultadas, pero las de inhabilitación siguen vigentes.
Además de los ya condenados, una reforma de la malversación afectaría a Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos huidos pero reclamados por el instructor del 'procés', Pablo Llarena, por dicho delito y sedición.
A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.
Según la investigación judicial, Jové --miembro de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre Moncloa y Govern-- desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional contra la organización del referéndum independentista; habría obtenido datos personales de los catalanes de forma irregular para elaborar un censo; participó "activamente" en la búsqueda de locales para votar; y en su ordenador había archivos como 'modelo de papeleta'.
Entre los indicios contra Jové y Salvadó, la instructora detalla que hicieron presentaciones ante otros Estados y organismos para obtener financiación, y también que se dotó a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar y gestionar y ejecutar impuestos para los que "no se tenían competencias" como IRPF, IVA o Sociedades.
La instructora también cree que Salvadó ideó un programa de homogeneización de los mecanismos internos de tramitación de tributos y cotizaciones sociales que ingresaba la Generalitat al Estado, para "controlar y contar con la máxima información posible sobre sujetos tributarios y sobre las cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos".
Además, hay otros 14 ex cargos del Govern a los que el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona procesó en 2019 por malversación --y otros delitos-- por los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, aunque actualmente la causa permanece en un limbo judicial.
La Audiencia Provincial mantuvo dicha resolución pero ordenó a la juez volver a interrogar a los 29 procesados (incluidos esos 17) y ahora se estudia su concurrencia con otra causa, la que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona sobre los gastos exteriores del 'procés'.
Se trata de Antoni Molons, ex secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, al que se procesó por malversación y prevaricación por su presunta intervención para contratar a las agencias encargadas de realizar los anuncios que después se publicitaron sobre la votación ilegal, y para la campaña del registro de catalanes en el exterior.
Joaquim Nin, ex secretario general del Departamento de Presidencia, fue señalado por malversación, prevaricación y desobediencia por participar en la contratación de campañas publicitarias --la juez mencionó un anuncio destinado a promover la inscripción como votantes de catalanes residentes en el extranjero--; comprar dominios web como referendumcatalunya.cat; y porque "tuvo conocimiento" de los procesos de adjudicación y adquisición de material para el 1-O.
Jaume Clotet, ex director general de Comunicación, fue procesado por malversación por su presunta implicación en la compra de dichos dominios y, concretamente, porque habría autorizado el pago de una factura emitida por el diseño de la web pactepelreferendum.cat.
Josep Ginesta, ex secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, también fue procesado por malversación por su supuesto rol en la captación de voluntarios para el 1-O y por su "relevante participación" en "la creación, desarrollo y puesta en funcionamiento de la web pactepelreferendum.cat" y en documentos como un "anteproyecto para la creación de la agencia catalana de protección social".
Otros de los investigados por malversación en esta causa son David Palanques y David Franco, ex responsables del área TIC del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; Josué Sallent, ex director de Estrategia e Innovación en el CTTI; y Xavier Puig, ex responsable del área TIC de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia; a los que la investigación judicial vincula a las mismas actividades que Ginesta.
Francesc Sutrías, ex director general de Patrimonio, fue procesado por malversación y desobediencia por su presunta participación en los contratos y facturas con Unipost para mover el material del 1-O; "para garantizar la presencia de observadores internacionales"; y para dar instrucciones sobre cómo actuar el día de la consulta ilegal.
Aleix Villatoro, ex secretario general del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exterior y Transparencia, fue procesado por malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos por su presunta implicación en la contratación del Centro de La Haya para Estudios Estratégicos y en la elaboración del censo para el 1-O.
La juez también señaló a Amadeu Altafaj, ex director de la delegación del Govern ante la UE, por malversación y prevaricación por un informe donde propuso contratar un servicio de asesoramiento para "dar a conocer la voluntad democrática del pueblo de Cataluña a decidir su futuro", y por su presunta intervención en la contratación y pago al Centro de La Haya.
En el caso de Albert Royo, ex secretario general del Patronato Cataluña Mon-consell de Diplomacia Pública de Cataluña, fue procesado por malversación y falsedad documental por "diversos pagos en concepto de billetes de avión y alojamiento a nombre de observadores internacionales" y a "'expertos' contratados para analizar el contexto político" en el que se desarrolló el 1-O.
Rosa María Rodríguez Curto, ex directora general del Servicio de T-Systems, también fue procesada por malversación porque "participó en la puesta en funcionamiento de las modificaciones que se pidieron por parte de la Generalitat en la aplicación del Registro de Catalanes en el Exterior".
Además, a Rosa Vidal, ex interventora general de la Generalitat, la juez la procesó por malversación, desobediencia y falsedad documental porque "tuvo cabal conocimiento de todos los contratos y pagos y que fueron destinados a actos preparatorios para el referéndum".
Por otro lado, el administrador del diario 'El Vallenc' Francesc Fabregas fue procesado por malversación y desobediencia por presuntamente encargar la impresión de los documentos 'Referéndum de autodeterminación de Cataluña 2017' y 'Lista numerada de votantes'.
Y el ex director general de Unipost Pablo Raventós porque "ocultó a la Guardia Civil, cuando se le preguntó expresamente, que había recibido un encargo de la Generalitat relacionado con el referéndum" ilegal.
