La portavoz del Gobierno municipal, Lorena Garrón, y el concejal de Urbanismo, Martín Vila, han advertido a la Junta de Andalucía de que “no tenemos miedo” ante la amenaza de llevar a los tribunales la modificación del PGOU “para frenar la proliferación de pisos turísticos y proteger el derecho de los gaditanos y gaditanas a vivir en su ciudad”, y han pedido que dé marcha atrás.
Garrón y Vila desvelaron esta mañana, en rueda de prensa, el informe remitido al Ayuntamiento por parte de la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía, dependiente del Gobierno de Juanma Moreno, en el que comunica la intención de recurrir la iniciativa, aprobada definitivamente en Pleno el pasado mes de septiembre.
“Es surrealista”, coincidieron ambos ediles, “porque una parte de la Junta de Andalucía no se entera de la que hace la otra”, en referencia a los dictámenes favorables emitidos por las consejerías de Salud, Fomento y Turismo a la modificación del PGOU.
Vila ha hecho hincapié en que la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía ha ignorado deliberadamente, con un “criterio político y partidista”, el expediente municipal, “de 500 páginas”, y se remite únicamente al anuncio del Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Además, ha agregado, comete varias imprecisiones. “El primer error de bulto”, ha remarcado, es que el organismo autonómico considera las viviendas con fines turísticos (VFT) como una actividad económica cualquiera ejercida por una empresa y justifica la necesidad de “garantizar la competencia real y efectiva” de acuerdo “al principio de libertad de empresa”.
Al respecto, Vila explica que las VFT son una actividad ejercida por particulares, tal y como reconoce la normativa de la Consejería de Turismo, diferenciando alojamientos turísticos, con titularidad obligatoria de empresa) y viviendas turísticas (actividad ejercida por un propietario que, entre otro beneficios, no tributan IVA).
“La agencia -ha apostillado- debería preocuparse, por lo tanto, de que las VFT no sean competencia desleal” de los establecimientos turísticos. El concejal de Urbanismo ha recordado que la legislación andaluza es incluso más restrictiva y que la modificación del PGOU en Cádiz reduce el agravio entre ambas actividades. “Deberían felicitarnos”, ha agregado.
Por otro lado, lamenta que la Administración autonómica acuse al Ayuntamiento de “cerrar el mercado”. Vila ha negado la mayor, dado que, desde que entró en vigor la moratoria, más de 15 propuestas de pisos turísticos se han reconvertido a promociones de vivienda, mientras que locales vacíos o fincas no residenciales están albergando alojamientos turísticos porque se siguen tramitando favorablemente solicitudes.
“Lo que busca la iniciativa es eliminar la presión turística de gran parte del suelo residencial y proteger a los vecinos y vecinas de Cádiz de una especulación sin control que los expulse de sus barrios”, ha añadido, al tiempo que ha lamentado que la Junta de Andalucía “se pliegue al interés de unos pocos y unas pocas, que no todo vale por beneficiar a las empresas de aquellos que les pagan sus campañas electorales y de hacer” la región “coto libre para el turismo de masas”.
Por ello, han pedido a la Administración autonómica que se retracte aunque se han mostrado seguros de que, si la Junta de Andalucía acude a los tribunales, la razón y la justicia les asistirá porque “hay sentencias del Tribunal Supremo que se pronuncian a favor de las limitaciones municipales a las viviendas turísticas”.
