En tres sentencias separadas, una del Tribunal de Relación de Lisboa y dos del Supremo, la Justicia lusa decidió que Garikoitz García Arrieta, Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón y Andoni Zengotitabengoa sean entregados a España, aunque este último deberá primero responder de sus delitos en Portugal.
Fuentes del Supremo dijeron ayer a Efe que sólo la sentencia de Yáñez Ortiz de Barrón podría ser apelada ante otra instancia judicial, el Constitucional.
El letrado luso José Galamba, defensor de los acusados, declaró a Efe que ya tiene las sentencias y que, antes de hacerse efectiva la entrega, debe resolverse otro trámite judicial y su posible apelación ante el Constitucional.
La decisión del Supremo sobre García Arrieta y Yáñez Ortiz de Barrón se conoció el mismo día en que el Tribunal de Relación aceptó la entrega a España de Zengotitabengoa, pero después de que responda de los delitos que se le imputan en Portugal, donde es sospechoso de montar el almacén de explosivos de ETA hallado en Obidos, a unos 100 kilómetros al norte de Lisboa.
Este presunto etarra fue detenido el 11 de marzo en la capital lusa cuando intentaba huir a Caracas, disfrazado y con un pasaporte mexicano falso.
La Policía lusa busca todavía a su compañero Oier Gómez Mielgo, que vivía con él en la casa de Obidos donde apareció, el 4 de febrero, alrededor de una tonelada de explosivos.
Por su parte, Ortiz de Barrón y García Arrieta fueron detenidos en Portugal el pasado 9 de enero, tras huir de un control policial español cerca de la frontera cuando trasladaban hacia suelo luso una furgoneta con explosivos y artefactos para fabricarlos.
El 25 de febrero el Tribunal de Relación de Lisboa decidió entregar a ambos a España en cumplimiento de una orden de detención emitida por la Audiencia Nacional española, pero Galamba presentó ante el Supremo la apelación sobre la que ahora se ha fallado.
Además del posible recurso al Constitucional, el abogado explicó que antes de que se haga efectiva la entrega a España de estos dos acusados debe emitirse otra sentencia del Tribunal de Relación.
Este organismo tiene que pronunciarse sobre la decisión del Tribunal Central de Instrucción Criminal de inhibirse a favor de la Justicia española en su proceso contra García Arrieta y Yáñez Ortiz de Barrón para que sean juzgados en España.
