El fiscal encargado del caso 'Astapa', contra la supuesta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga) ha solicitado en el inicio del juicio que se incorpore un nuevo bloque en la vista oral relativo al origen de la investigación, que las defensas de los acusados han cuestionado, pidiendo la nulidad de la instrucción en su totalidad.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha comenzado este lunes, 16 años después del inicio de la investigación, este juicio en el que había 50 acusados, aunque en el inicio el ministerio público ha solicitado el sobreseimiento libre respecto a dos de los procesados por prescripción del delito de cohecho por el que se les imputaba. La sesión continúa este martes.
Las defensas han cuestionado desde el principio el origen del caso y han instado a la práctica de pruebas sobre una supuesta vinculación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el inicio del mismo. Quien más ha insistido durante la instrucción es la defensa del exalcalde de dicha localidad Antonio Barrientos.
El fiscal ha explicado que el motivo de pedir este nuevo bloque temático es facilitar el desarrollo de los otros diez ya establecidos en cuanto a la validez de la prueba y pretende "dar cabida a testificales y documentales que se han propuesto", así como a "cualquier manifestación que quieran hacer los acusados" y alguna pericial. Considera que deberían estar presentes todas las defensas.
Precisamente en sus cuestiones previas, la letrada de Antonio Barrientos ha vuelto a hacer referencia a Villarejo, pidiendo la nulidad de toda la instrucción porque las informaciones periodísticas "ponen de manifiesto un comportamiento absolutamente ilegal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y la "instrumentalización desde el inicio de la investigación policial" a través del excomisario.
Al respecto, la letrada María Gutiérrez se ha referido a algunas conversaciones telefónicas y a las agendas de Villarejo publicadas en medios de comunicación de las que se desprendería su supuesta intervención en la elaboración de informes "falsos" para la causa, motivado por presuntos intereses personales y urbanísticos en el municipio.
Asimismo, ha pedido que se incorpore documentación de casos de la Audiencia Nacional que tienen vinculación con el excomisario y que ya había sido solicitada anteriormente; y ha planteado la nulidad de autos de intervenciones telefónicas y de entradas y registros por vulneración de derechos fundamentales al no estar justificadas las autorizaciones.
Los abogados de una decena de acusados, como el exedil Francisco José Zamorano y el que fuera gerente de Urbanismo se han adherido a las nulidades planteadas inicialmente y han apuntado a la prescripción de varios delitos por los que se acusa a sus clientes. También han planteado que se trata de una causa general y la falta de control judicial.
