La Abogacía de la Generalitat no considera que la reciente reforma del delito de malversación pueda aplicarse en el caso contra el exconseller, ex delegado del Gobierno y ex alto cargo del PP Serafín Castellano y mantiene la petición de condena de 15 años de prisión que ya elevó en verano a la Audiencia Nacional.
En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid al que ha tenido acceso EFE, la Abogacía expone que "la consideración de la malversación como una actuación apropiatoria en la que se dispone del dinero o de los bienes públicos como si fueran propios, desposeyéndose al patrimonio público de la disponibilidad definitiva de los mismos, no se ha visto modificada", motivo por el cual mantiene la acusación en los mismos términos.
Castellano está procesado por formar parte de una supuesta organización criminal que operaba en varias autonomías y que presuntamente se concertó para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.
En el marco de esta causa, conocida como "cártel del fuego", el citado juzgado dictó el pasado 15 de junio el auto de procesamiento contra Castellano y 31 personas más.
Según este auto, los amaños se extendieron a otras comunidades e incluso otros países, y solo en la Comunitat Valenciana, donde se ha detectado mayor cantidad de irregularidades, se concertaron contratos por un total de 151.585.386,22 euros entre 1999 y 2017.
El magistrado Manuel García Castellón considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de organización criminal, alteración de precios en concursos o contratación pública, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales.
El procedimiento se dirige, además de contra el citado exconseller de los gobiernos de Francisco Camps (Conselleria de Gobernación) y previamente de Eduardo Zaplana (de Sanidad y de Justicia), contra empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios, y es fruto de la investigación fiscal, de diligencias de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Sagunto (Valencia) y del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla.
El auto apunta que solo a Serafín Castellano (conseller desde 2003 a 2014 y ex secretario general del PPCV), y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le hicieron, tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros.
