El Gobierno central inició la pasada primavera la tramitación de una ley contra el proxenetismo que va a adquirir su principal dimensión con la modificación del artículo 187 del Código Penal para establecer penas más severas contra el ejercicio del proxenetismo, ya sea a través de la violencia o la intimidación para obligar a ejercer la prostitución, de la facilitación de la misma, o de la denominada “tercería locativa”, que apunta a los propietarios de pisos y locales en los que se ejerce la prostitución. Sin embargo, lejos de obtener el respaldo unánime de la cámara, ha provocado una latente división entre los partidos de izquierdas y el rechazo de colectivos de prostitutas de diferentes puntos del país.
Nos siguen prometiendo lo mismo que hace muchísimos años, la salvación. La salvación, ¿de qué? ¿Dónde están las alternativas laborales para las mujeres que quieran dejar de ejercer la prostitución?En líneas generales, el debate parlamentario se ha circunscrito a dos ámbitos, el primordial de la abolición y, en segundo lugar, el de la regulación, mientras que las “trabajadoras sexuales” abogan directamente por la despenalización. Las primeras divisiones se vivieron en septiembre del año pasado cuando se abordó una enmienda a la totalidad presentada por la CUP -en defensa de un marco regulatorio: definir el consentimiento y diferenciar entre trata, trabajo sexual forzado y trabajo sexual voluntario y autónomo- y ante la que tanto PSOE como PP defendieron la idea original que sustenta el proyecto de ley -la abolición- para tumbarla.
En este sentido, la socialista Laura Berja insistió en que la enmienda planteada partía de una premisa equivocada: identificar la prostitución con un trabajo; “y no es un trabajo. No hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres”. El popular Miguel Ángel Jerez, por su parte, argumentó que “el consentimiento no puede ser suficiente para que la prostitución se convierta en una modalidad de empleo”, ya que “no son consentimientos acordes con la voluntad de las mujeres” si ejercen la prostitución bajo presión o por necesidad.
Sin embargo, el debate no se ha detenido ahí, ya que desde los colectivos de prostitutas se lamenta que ningún partido haya tenido en cuenta su opinión a la hora de abordar de lleno su situación -el PNV lo intentó hace poco más de una semana, sin éxito, planteando una subcomisión que analice la realidad de la prostitución antes de que se vote la nueva ley-.
Y esa opinión esgrime el "error" de reducirlo todo a esas dos únicas opciones, como expone María José Barrera, del colectivo de prostitutas de Sevilla, que está en contra tanto del modelo regularizador, “que beneficia a la patronal” -los propietarios de clubes de alterne-, como del modelo abolicionista, “que no nos lleva a ningún lado, ya que no se puede abolir la prostitución porque no se puede abolir la pobreza”. Así lo afirmó en un acto al que acudió a Jerez este pasado jueves para defender la despenalización y subrayar que “no estamos a favor de la prostitución. Estamos a favor del reconocimiento de los derechos de quienes ejercemos la prostitución”.
Ella fue la protagonista de un encuentro organizado en el Centro Social La Yerbabuena al que acudió para presentar el libro Trabajo sexual con derechos, de las profesoras Lynzi Armstrong y Gillian Abel, y en cuya edición en castellano ha participado directamente como coautora de su epílogo. La obra, que aborda el “éxito” del proceso de despenalización de la prostitución impulsado hace dos décadas en Nueva Zelanda, simboliza su principal argumento para reclamar la exportación de ese mismo modelo a nuestro país. “Es un modelo en pro de los derechos de las trabajadoras sexuales; un modelo que se desconoce en España, porque el movimiento abolicionista lo ha querido invisibilizar”.
El movimiento abolicionista tampoco faltó a la cita en La Yerbabuena, con una concentración a las puertas de la sede para protestar contra quienes defienden el ejercicio de la prostitución, ya que implica “la explotación y la esclavitud sexual”. Maika Romero, de Abolicionistas Cádiz, subrayó que “dentro de la lucha feminista y de la dignificación de las mujeres no tiene cabida esa explotación. Tenemos que ser conscientes de que trata y prostitución no van en ningún caso por separado, van juntas, es la misma demanda, porque son los mismos hombres los que hacen uso de ellas, con lo cual no podemos separar los servicios”.
Por su parte, Francisca Gago, presidenta de Sol Rural y en representación de la Plataforma contra las violencias machistas en Jerez, lamentó que se eligiese la ciudad para celebrar un acto en el que se iba a hacer “apología de la prostitución, como si fuese un trabajo”, e incidió en que “estamos aquí para defender a las mujeres y en contra de los proxenetas y los puteros, porque lo que hay que darles a estas mujeres es la oportunidad para que salgan de esa situación”.
Algo, esto último, en lo que sí está de acuerdo María José Barrera, pese a que siguen sin ofrecérsela. “Nos siguen prometiendo lo mismo que hace muchísimos años, la salvación. La salvación, ¿de qué? ¿Dónde están las alternativas laborales para las mujeres que quieran dejar de ejercer la prostitución?”, preguntaba directamente al “feminismo hegemónico institucional”, que es “quien tiene las herramientas para lograrlo”. Por eso, a cambio, “queremos derechos para ellas y protección especial para las compañeras víctimas de tratas. No defendemos la prostitución, defendemos a las personas que ejercen la prostitución. No se puede penalizar, perseguir y acosar a quienes dices que vas a salvar”, sostiene Barrera.
Mientras tanto, la tramitación de la citada ley sigue su curso con los apoyos suficientes para salir adelante, aunque también es cierto que sigue sin dar respuesta a muchas de las dudas que generan sus futuras consecuencias, en especial de cara al ejercicio de la prostitución desde la clandestinidad.
