El tribunal del caso Astapa anula escuchas y archiva la causa contra cuatro personas

El tribunal del caso Astapa, que juzga una presunta trama de corrupción urbanística y política en Estepona (Málaga), ha acordado declarar nulas una serie de escuchas, ha archivado la causa respecto a cuatro personas y ha anulado autos de prórroga de detención como el del exalcalde socialista Antonio Barrientos.

En un auto, la sala ha decidido también admitir todas las pruebas que fueron propuestas por las partes en escritos presentados previamente al inicio de las sesiones del juicio, en los días de las sesiones celebradas y, oralmente, en la sesión del día 17, con algunas matizaciones y exclusiones.

Además ha rechazado la petición realizada por el Ministerio Fiscal relativa a la formación de un nuevo bloque para el enjuiciamiento de la causa y ha anulado los registros realizados en un domicilio y en las sedes sociales de dos empresas mercantiles, una de ellas de desarrollos inmobiliarios.

Ha declarado también nulos los autos de detención de tres personas, entre ellas de José Flores -que era jefe de Gabinete de Barrientos cuando era alcalde de Estepona-, y los autos de prórroga de detención del 19 de junio de 2008 del propio Antonio Barrientos y de Flores, que fueron encarcelados por este causa.

El tribunal declara nulas las escuchas autorizadas en virtud de un auto del 29 de marzo de 2007, así como las de todos los autos de prórroga de las mismas, y ordena excluir del objeto del enjuiciamiento los delitos de cohecho de cuatro imputados, aunque seguirá la causa contra ellos únicamente por el resto de delitos de los que les acusa el fiscal.

La abogada del exalcalde, María Gutiérrez, solicitó en el juicio la nulidad de los autos que dieron pie a las escuchas telefónicas y, con ellos, la nulidad de las pruebas que se obtuvieron a raíz de estas, a la luz del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La sala excluye también del objeto de enjuiciamiento el delito de cohecho que se imputaba a José Flores por unos determinados hechos y del mismo delito de otro imputado, según la resolución, contra la que no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo que podrían alegar, en su caso, las partes al recurrir la sentencia que se dicte.

El exalcalde Barrientos se sienta en el banquillo entre medio centenar de acusados en una macrocausa, cuya vista arrancó el pasado 9 de enero en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, que ha dictado un auto de 210 páginas sobre las cuestiones previas y pruebas solicitadas en el caso.

La Fiscalía solicitó al inicio del juicio la inclusión de un nuevo bloque temático en el proceso con objeto de verificar el origen de la investigación y la validez de las fuentes de las pruebas, puesta en duda por las defensas en la vista, que comenzó después de más de tres lustros desde que se destapara este caso.

La letrada de Barrientos planteó en el juicio cinco cuestiones previas y afirmó que se vulneró el derecho fundamental a la privacidad y al secreto de las comunicaciones del exalcalde, ya que -a su juicio- esta medida se adoptó sin que hubiese indicio de criminalidad, sin control judicial y sin atender al principio de necesidad y proporcionalidad.

María Gutiérrez incidió en la tesis ya planteada en su línea de defensa sobre la existencia de numerosas "irregularidades" en informes policiales aportados en la investigación y volvió a señalar al excomisario José Manuel Villarejo como responsable de ellas.

"Villarejo fabricó pruebas", señaló la abogada, y "contó con un grupo de policías para hacer informes falsos en el caso Astapa", ha añadido, además de incidir en que el papel del excomisario, con acceso a información restringida de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e intereses inmobiliarios en Estepona, es clave en la instrucción de la causa.

Este juicio se reanudará el 7 de marzo con la fase de pruebas. La investigación del caso Astapa comenzó en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron ante la UDEF un escrito en el que señalaban una posible trama de corrupción en el ayuntamiento de Estepona.