El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, David Gil, visitó este jueves los trabajos de restauración del tramo del río Guadalete afectado por el incendio del pasado 13 de julio, participando además en la plantación de árboles en las proximidades de la barriada rural de Lomopardo, dentro de las tareas que realiza la Administración autonómica para la regeneración de la vegetación en este entorno.
En el marco de esta visita explicó que, como resultado del siniestro acontecido el pasado verano, la vegetación de ribera resultó “seriamente dañada” en un tramo de unos dos kilómetros del río Guadalete, inmediatamente aguas arriba del puente de Cartuja y en las cercanías de la barriada rural de Lomopardo.
Las llamas del fuego actuaron sobre un arbolado ya de por sí “hídricamente estresado debido a las altas temperaturas”, lo que causó daños severos que se han traducido “en la muerte o en el grave debilitamiento de cientos de ejemplares afectados”.
La restauración impulsada por la Junta consiste, en primer lugar, en la retirada de todos los árboles que están severamente dañados, para evitar riegos de accidentes por caídas en un tramo de río muy visitado y, al mismo tiempo, favorecer la regeneración natural de la vegetación en el área afectada.
También se trata de una medida preventiva para evitar que los árboles caídos puedan ser arrastrados por la corriente si se ocasionaran crecidas del río que pudieran causar daños en infraestructuras hídricas ubicadas río abajo.
Finalmente, según informó el personal técnico, en función de la evolución de la zona se contempla la posibilidad de realizar futuras plantaciones que contribuyan a la recuperación de la vegetación natural.
Un adelanto de ello es la plantación simbólica que se realizó este jueves de varios ejemplares de álamo blanco, el árbol de ribera más característico en el bajo Guadalete.
Los trabajos se han extendido por ahora a dos meses y está prevista su continuación hasta finalizar la restauración del entorno. Estas actuaciones se enmarcan en la encomienda con la empresa pública Tragsa para el mantenimiento y conservación de cauces en la provincia, que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros.
