Caso Astapa: el exalcalde de Estepona niega irregularidades en materia urbanística

El exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos ha negado este martes haber cometido irregularidades en materia urbanística en su etapa como regidor entre los años 2003 y 2008, aunque ha afirmado que no puede decir lo mismo de la investigación policial.

Barrientos ha sido el primero en sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio por el caso Astapa, contra la corrupción política-urbanística en Estepona (Málaga), y durante su intervención ha acusado de "múltiples irregularidades y anomalías" a la Policía Nacional "impropias en un Estado de Derecho".

El exregidor se ha negado a contestar a las preguntas del fiscal Anticorrupción y al resto de los abogados personados en el procedimiento pero el Tribunal le ha autorizado a decir una serie de cuestiones que quería destacar antes de comenzar la fase testifical.

Barrientos ha subrayado que no le consta que se paralizaran o retrasaran expedientes como mantiene el fiscal y ha indicado que el periodo de 2003 a 2007 fue de mucho desarrollo económico y de urbanismo.

Ha explicado que también hubo una nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que se produjeron retrasos y estuvieron desbordados porque además, según ha explicado el exregidor, no había un personal concreto asignado, "pero jamás hubo prescripción de expedientes".

Ha negado que se dejaran prescribir los expedientes y ha explicado que delegó las competencias relacionadas con disciplina urbanística a los dos meses a la edil María Miralles, que era una persona con experiencia política, según Barrientos.

"Ningún técnico ha recibido jamás por parte de la concejala ni por nadie sugerencias, proposición y menos aún presión sobre expedientes de disciplina", ha reiterado el exalcalde.

La Fiscalía lo acusa de haber dejado sin resolver, de forma consciente o por intereses políticos, cerca de un millar de supuestas infracciones por edificación en suelo no urbanizable, ampliación de viviendas o movimientos de tierra para evitar el coste en las urnas que tendría sancionar a vecinos del municipio.

Barrientos se enfrenta a una pena total de diez años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación por los delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Miralles, que fue delegada de disciplina urbanística, ha declarado también este martes en calidad de testigo y ha afirmado que ella lo consultaba todo con los técnicos porque "de urbanismo no entendía nada".

La exedil ha asegurado que no recibió instrucciones de Barrientos en materia de urbanismo y que el técnico que llevaba los asuntos nunca le advirtió de que los expedientes caducaran.

Mañana el juicio continúa con más testigos, entre ellos está previsto que declare uno de los concejales socialistas que denunció en Madrid que en Estepona se estaban cometiendo delitos relacionados con la corrupción, David Valadez, edil que fue proclamado alcalde tras estallar el caso Astapa y producirse el ingreso en prisión de Barrientos.

La investigación se inició en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.

El procedimiento se inició en 2007, hace 16 años, y ahora hay casi 50 acusados (entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales), después de que se haya retirado la acusación para cuatro y otro haya llegado a un principio de acuerdo.