El grupo provincial de Adelante Cádiz va a llevar al pleno de Diputación la situación de Acerinox en la comarca del Campo de Gibraltar con una moción que va a exigir al Gobierno de la nación que fiscalice el uso de los ERTE para “impedir que una empresa con beneficios y sin merma de su actividad como es este caso, pueda usar dinero público para dejar a la plantilla en la calle”.
En efecto, en marzo de 2022, con el aumento del aumento de los costes energéticos producido por la invasión de Rusia en Ucrania, Acerinox negoció un ERTE con el comité de empresa. Una de las medidas de presión de Acerinox para que los cinco sindicatos firmarán el acuerdo de ERE, era que con su firma, los trabajadores en ERTE cobrarían el 85% de su salario mientras que, sin ella, percibirían un 70%.
En octubre de 2022, Acerinox anunciaba una facturación de 6.996 millones de euros, un 47% más que en los primeros nueve meses de 2021, al mismo tiempo que informaba de que un mes después activaría el ERTE con paradas en todos los departamentos. Según el reciente balance del grupo acerero, los beneficios de 2022, superaban la cifra récord de 830 millones de euros, disparando sus ventas un 30% hasta los 8.688 millones de euros, las mejores cifras de su historia con su plantilla en ERTE.
Durante el primer trimestre de 2023, Acerinox anuncia el incremento de la producción en la factoría de Palmones y este mes de marzo, antes de sentarse a negociar el convenio con el comité, la empresa pretender prorrogar el ERTE un año más. “Haciendo esto, una empresa como Acerinox pervierte un instrumento que está pensado para proteger puestos de trabajo al convertirlo en una medida para aumentar sus propios beneficios, recortando costes y derechos laborales”.
Desde Adelante, denuncian que “la empresa activa el ERTE en momentos de baja productividad dentro de su propia planificación y de sus ciclos de producción, como por ejemplo, en agosto o en los dos últimos meses del año, con el fin de aumentar a cifras récords los márgenes de beneficio”. Así, “y como la propia empresa reconoce en los medios de comunicación, en ningún momento está en cuestión la viabilidad de la empresa ni hay pérdidas económicas, condición fundamental para acogerse a esta figura, financiada con recursos públicos”. Al contrario, “un instrumento destinado a ayudar a las pymes, acaba siendo usado para engordar el bolsillo de los grupos inversores de las grandes empresas”.
Además, se da la circunstancia perversa que “mientras que el ERTE está activado, la empresa incumple alunas de las cláusulas del convenio colectivo, como aquellas relativas a la movilidad funcional, reincorporando a trabajadores en departamentos que no son los suyos u ofreciendo horas extras en periodo de ERTE”.
De igual forma, Adelante Cádiz ha querido detenerse en el caso de Ferrovial, cuya salida ha tildado de “indignante”. “Su presidente, Rafael del Pino, la tercera fortuna del país, ha decidido pagar el impuesto de sociedades en Países Bajos, ahorrándose entre 20 y 40 millones de euros, olvidándose de que esta multinacional es multimillonaria, gracias al dinero público y al trabajo de sus plantillas, evitando así que los beneficios obtenidos, a través de concesiones públicas, reviertan sobre la sociedad que las posibilita”.
Por todo ello, Adelante Cádiz va a instar al Gobierno a que fiscalice los ERTES y, más en concreto, el de Acerinox, así como a prohibir la salida fiscal de empresas y romper los contratos públicos de los que sean adjudicatarias a empresas como Ferrovial, con una sede fiscal fuera de España, e incluso obligadas a devolver el dinero.
