Hasta 3.800 manifestantes participaron este sábado, según la Delegación del Gobierno en Andalucía, en las marchas paralelas convocadas por Marea Blanca, Marea Verde y Cádiz por el Clima en defensa de los servicios públicos y una transición justa para todos en Cádiz y que confluyeron en Puertas de Tierra para finalizar en la Plaza de San Juan de Dios, donde representantes de los tres movimientos ciudadanos dieron lectura a un manifiesto.
“Basta de injusticias, basta de discriminación, basta de desigualdad y basta de opresión”, clamó Susi de León, para advertir de que “estamos sufriendo una agresión sin precedentes a los sistemas públicos que conforman el llamado Estado del Bienestar”. “Su objetivo -denunció- es desmantelar la sanidad y la educación públicas, o los pocos avances en el sistema de cuidados a costa de la vida de las personas”, mientras que “centenares de negocios privados se frotan las manos ante el maná público que cae de nuestros bolsillos de contribuyentes”. Ello, remarcó, “con el concurso activo de determinados gobiernos como el de la Junta de Andalucía”. Ante ello, las mareas y Cádiz por el Clima decidió “unir conjuntamente nuestras voces”, sumando reivindicaciones.
Teresa Almagro, portavoz de Marea Blanca, exigió “una sanidad 100% pública”, que “garantice la asistencia equitativa de toda la ciudadanía, independientemente de su procedencia, de donde viva y de su tarjeta bancaria”. Y, dentro de ello, “asegurar y potenciar la Atención Primaria como eje y puerta de entrada al sistema sanitario público, lo que exige retirar la orden que permite su privatización”. Al respecto, Antonio Vergara apuntó que han advertido al Gobierno de la Junta de Andalucía que la decisión es “ilegal”, dado que se tendría que haber tramitado por medio de un proyecto de ley y “están temblando”, aseguró. “Y si tiemblan ellos, nosotros estamos contentos”, remachó. En esta línea, reclamó “plantillas necesarias y suficientes para que el sistema sanitario funcione al 100% las 24 horas durante los 365 días del año; así no haría falta concertar con la privada para beneficios de los especuladores”.
En cuanto a Educación, Susi de León cifró en 1.181 las unidades perdidas en la red pública de la comunidad andaluza en los últimos años, “mientras la enseñanza privada concertada de Andalucía recibía este curso 879 millones de euros, el mayor presupuesto de toda la historia”. No en vano, afirmó, “la Consejería de Educación ha cambiado su nombre por el de Consejería de Desarrollo Educativo y FP, mostrando a todas luces su interés por la iniciativa privada y por mantener la FP separada, como si no fuera parte de la Educación, como si no fuésemos a advertir el interés patente y el crecimiento exponencial de las empresas de este sector de carácter privado que caen sobre ella como buitres”. Entre las demandas de Marea Verde, la portavoz del movimiento ciudadano citó “la eliminación de los conciertos con los centros privados, al no ser necesarios en estos tiempos en los que la caída de la natalidad permite asumir a los centros públicos todas las necesidades educativas”; mayor atención y de calidad para el alumnado con necesidades específicas; la bajada de ratio en todos los niveles educativos; la paralización de la privatización de la enseñanza en FP y Universidades; la estabilización del profesorado interino, que alcanza los 30.000 docentes; la mejora de las infraestructuras y retirada inmediata del amianto de todos los centros de la provincia; y, finalmente, apostar por el derecho a un planeta habitable, con el impulso de energías renovables para acometer la bioclimatización de los centros o excluir de los comedores alimentos prefabricados.
Sobre esto último, Amanda Rivilla, de Cádiz por el Clima, lamentó que estamos ya ante una situación de emergencia climática que, efectivamente, requiere “reflexión y movilización” para llevar a cabo iniciativas que permitan frenar las consecuencias del fenómeno. Entre las propuestas, Rivilla exigió a los ayuntamientos a poner en marcha planes municipales frente al cambio climático que potencie modos de movilidad menos contaminantes y agresivos, como son marcha a pie, bicicleta o transporte público”, desplegar un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, el autconsumo, las comunidades energéticas locales y el ahorro y la eficiencia energética; o preparar las zonas urbanas para hacer frente a los efectos que el cambio climático está provocando en la habitabilidad y confortabilidad de los espacios públicos.
La portavoz de Cádiz por el Clima animó a los partidos políticos a tomar nota de la confluencia de “movimientos ciudadanos” para defender el sistema público y se mostró convencida de que esta alianza se mantendrá si las administraciones autonómica y municipales no da respuesta.
