Una delegación de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se entrevistó este sábado con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para informarle sobre efectos que está teniendo la huelga indefinida en los órganos jurisdiccionales de la capital y provincia, en donde se encuentran sin tramitar más de 30.000 expedientes, declaraciones y pagos de costas y de procedimientos de la cuenta de consignación judicial, que llevan suspendidos desde que comenzó este paro el pasado 24 de enero.
Al encuentro a primera hora de la mañana, y que se celebró en el despacho de la sede consistorial, acudieron representantes de los secretarios pertenecientes a las tres asociaciones que han convocado esta huelga (UPSJ, AinLaj y Colegio Nacional), quienes trasladaron al regidor un dossier sobre las reivindicaciones que han motivado este conflicto, y la incidencia que está teniendo en los juzgados de la provincia malagueña. Al encuentro, que duró una hora, asistió también el concejal de Seguridad Ciudadana, Avelino Barrionuevo, que ha sido vicedecano del Colegio de Procuradores de Málaga y ex portavoz adjunto de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados por el PP.
El regidor se interesó por el atasco que ya tenían los tribunales antes de comenzar la huelga, y que se ha multiplicado tras este paro. Los LAJ le informaron sobre el principio de acuerdo suscrito este viernes en Madrid entre el Comité de Huelga y los representantes de los Ministerios de Justicia y Hacienda.
Aunque los detalles del mismo no han trascendido, ya que serán comunicados a los más de 4.300 letrados judiciales el próximo lunes 27, el preacuerdo llevaría aparejado un compromiso para desatascar y agilizar muchos de los expedientes que se han paralizado durante los 44 días de huelga en toda España. Para el martes están convocadas asambleas en la Ciudad de la Justicia de Teatinos y en las dependencias judiciales de la provincia.
El Comité de Huelga deberá además informar este lunes sobre cuál es el incremento salarial preacordado que el Gobierno estaría dispuesto a aceptar, y que ha sido la reivindicación principal de los letrados, que lo justifican por el aumento de las funciones asumidas desde el año 2009, y por el pacto incumplido por el Ministerio de Justicia que lo suscribió con las tres asociaciones en abril del 2022.
También se informará sobre si Justicia está dispuesta a aceptar que los 4.300 secretarios españoles tengan derecho a la negociación colectiva, saliendo del censo en el que están los demás funcionarios (Gestión, Tramitación y Auxilio), que son representados por los 'sindicatos generalistas' ( USO, STAJ, UGT, CC OO, y CSIF).
Somos un cuerpo superior de la Administración al que no se nos reconoce la negociación colectiva propia, y la exclusión de ese censo, en el que están el resto de los funcionarios de Justicia, supondría que los sindicatos generalistas perderían una serie de subvenciones y un número importante de representantes sindicales, algo que ellos no están dispuestos a aceptar", explicó una LAJ de Málaga, tras la salida del encuentro en el Ayuntamiento.
"REIVINDICACIONES DISTINTAS" AL RESTO DE FUNCIONARIOS
En el conjunto de los funcionarios de Justicia de todo el Estado, los secretarios judiciales representan un 9%. El 30% de estos puestos son interinos, es decir, las vacantes no están ocupadas por titulares que hayan aprobado la oposición, sino que eventualmente trabajan como letrados superiores por estar en la bolsa de trabajo del Ministerio de Justicia o son gestores, la categoría inferior a los LAJ.
Por ello consideran que sus reclamaciones laborales, como directores de la Oficina Judicial, "son distintas" a las del resto de los empleados de los cuerpos generales.
Hace diez días, un laudo arbitral aprobado en la Comunidad de La Rioja reconoció este derecho de los LAJ a la negociación colectiva. En este sentido, los secretarios de Andalucía tienen intención de presentar en las próximas semanas, de forma individual, escritos al Ministerio de Justicia en los que solicitan su exclusión del censo. Esta iniciativa podría haberse realizado por las tres asociaciones convocantes del paro, pero en el caso de la comunidad andaluza todo indica que se efectuará de forma individualizada.
