La Comisión de Incompatibilidades del Senado ha dado un plazo de diez días a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y al ayuntamiento de esta ciudad malagueña y de la localidad de Benahavís para que aclaren documentalmente si contrataron con la también senadora del PP o con su entorno.
La Mesa de esta comisión parlamentaria ha aprobado un nuevo plan de trabajo en relación con la investigación abierta por la Cámara Alta para averiguar si Muñoz ha infringido de algún modo el Código de Conducta de las Cortes Generales al no haber hecho constar cuando tomó posesión de su escaño parte de su importante patrimonio.
La decisión de solicitar la documentación a la alcaldesa, al Ayuntamiento de Marbella y al de Benahavís, donde fue concejala, ha sido adoptada con el voto favorable del PSOE y la abstención del PP en la Mesa de la comisión, según han explicado a EFE fuentes parlamentarias este martes.
Además de dar el visto bueno al requerimiento de toda la documentación planteada por el grupo socialista, con un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se remita la petición, la Mesa ha aprobado un nuevo plan de trabajo que retrasa al 18 de mayo la fecha para que la Comisión pueda aprobar el informe referido a la alcaldesa de Marbella.
Sitúa así el dictamen final sobre las indagaciones referidas al posible incumplimiento del Código de Conducta solo diez días antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
Antes, y una vez que se haya cumplido el 14 abril la fecha límite para la recepción de la documentación y las propuestas de comparecencias de los grupos, se decidirán la citaciones el 18 de abril para celebrarlas del 3 al 5 de mayo, incluida la de la propia senadora, que sin embargo no está obligada a acudir al llamamiento.
Finalmente, el informe será elaborado por el grupo de trabajo designado al efecto en la semana del 8 al 12 de mayo con idea de aprobarlo el 18 de mayo para elevarlo a la Mesa del Senado.
Todos estos pasos obedecen al procedimiento de indagación sobre el patrimonio de Ángeles Muñoz promovido por el PSOE y que por vez primera ha puesto en marcha una previsión incluida en el Código de Conducta de las Cortes Generales de 2020.
De momento, el Senado requiere una amplia relación de contratos, escrituras y datos registrales referidos a los bienes que la senadora incluyó en su primera declaración patrimonial, al comienzo de legislatura, empresas incluidas, y sobre los que posteriormente comunicó modificaciones al alza.
Los requerimientos se refieren también a su entorno personal y buscan confirmar si los ayuntamientos malagueños tuvieron algún tipo de relación contractual con las dos sociedades que figuran como titulares de los bienes de Málaga que citó en su declaración y con sus familiares.
Se trata, entre otros, de su marido, Lars Gunnar Sune Broberg, recientemente fallecido, y de su hijastro Joakim Peter Broberg, procesado por narcotráfico y blanqueo de capitales.
El PSOE ha llamado la atención desde el primer momento en que saltó este caso sobre lo "llamativo" que resulta que la senadora del PP haya acumulado un patrimonio tan elevado cuando lleva dedicada "en exclusiva" a la vida política desde hace décadas y "ni siquiera cobra un salario en su condición de alcaldesa de Marbella"
