El PP ha solicitado a sus candidatos a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo reducir el número de altos cargos, asesores y miembros de gabinete con el objetivo de llevar a cabo una configuración "racional" de los gobiernos, evitando el "sobredimensionamiento".
De esta forma, el PP lleva a su programa marco para los comicios de mayo una de sus principales críticas al Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, después de meses denunciado que Pedro Sánchez haya aumentado el gasto en asesores y personal eventual, sobre todo en Moncloa.
En el plan de calidad institucional que Feijóo presentó en enero en Cádiz ya promete que si llega a Moncloa establecerá "por ley pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios y altos cargos, así como de criterios de moderación para el nombramiento de asesores y miembros de los Gabinetes del Gobierno".
El PP ha decidido trasladar esa misma premisa al programa de las autonómicas y municipales que aplicarán sus candidatos en toda España si gobiernan tras el 28M. Así, en el capítulo de "medidas de buen gobierno", dice que se fomentará "la configuración racional de los gobiernos en todos los niveles de decisión, evitando su sobredimensionamiento".
"En la misma línea, se actuará bajo el principio de moderación en el nombramiento de altos cargos, asesores y miembros de gabinetes", reza textualmente en el documento del PP, que han coordinado el exministro Iñigo de la Serna y la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez.
Además, el PP considera necesario "preservar la separación de la actividad institucional y la de partido por parte de los representantes de las Administraciones, especialmente en aquellos casos en los que se trate de viajes financiados con fondos públicos". Los 'populares' hacen esta reflexión bajo el
"Bajo el compromiso con la mayor transparencia posible, se
reforzará el proceso de rendición de cuentas de las diferentes
administraciones, asegurando de este modo el derecho de acceso
a la información y la eficiencia en el aprovechamiento y uso de los
recursos públicos", añade el texto.
Además, el PP propone "abrir en el ámbito nacional una reflexión para llegar a una tabla orientativa respecto a los distintos rangos de retribuciones, con el fin de adaptarlos a su nivel de responsabilidad, que el Partido Popular se compromete a usar como guía en los distintos niveles de administración".
Los sueldos de los políticos ha sido objeto de debate en otras ocasiones. Los diferentes rangos de retribuciones se percibe sobre todo entre los presidentes autonómicos. Así, hay varios presidentes que cobran más que el presidente del Gobierno --cuyo sueldo asciende a poco más de 84.000 euros brutos anuales--, como el catalán Pere Aragonés, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, o el vasco Iñigo Urkullu, que superan los 100.000 euros brutos.
El PP también reivindica en su programa el papel de las diputaciones provinciales como "garantes de la vertebración territorial, la igualdad entre españoles, la provisión de servicios públicos esenciales y la lucha contra la despoblación".
Así, el PP reconoce "su papel en la asistencia a los municipios más pequeños" y se propone "fortalecerlo con el objetivo de garantizar los mejores servicios a los ciudadanos residentes en los lugares menos
poblados".
Los 'populares' también apuestan por "fortalecer el Senado como cámara de representación territorial, también de las entidades locales". Según añade, la Cámara Alta debe ser el foro en el que se discutan "los asuntos relevantes para la política territorial y la gobernanza de las Administraciones".
El PP se compromete además a promover cuantas medidas sean necesarias para garantizar la regeneración institucional y la gobernabilidad, "evitando los usos partidistas que desembocan en el deterioro progresivo" de la convivencia.
Además, ve "preciso asegurar la neutralidad política de las instituciones, acometiendo las reformas legislativas necesarias que permitan evitar que cualquier partido gobernante se apropie del espacio público y lo instrumentalice para usos partidistas, en lugar de ponerlo al servicio del interés general".
En su programa, el PP promete además mejoras de la calidad normativa y legislativa, atendiendo a la adecuada intervención de los
órganos consultivos y a la elaboración rigurosa de expedientes
debidamente informados, que incluyan en cada caso las correspondientes memorias económicas.
Del mismo modo, defiende la aprobación de planes normativos anuales con el fin de anticipar a los agentes económicos y sociales la previsión de nuevas normas; así como promover procesos de refundición normativa, a fin de "clarificar y simplificar la regulación vigente".
