Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas en la provincia de Valencia y han liberado a ocho víctimas de explotación sexual que vivían hacinadas en colchones en el suelo en varios pisos en los municipios de Alzira y Xàtiva donde eran coaccionadas para prostituirse.
La organización criminal que explotaba sexualmente a sus víctimas las engañaba a través de anuncios en páginas de contactos con falsas promesas económicas, aprovechándose de su situación irregular y de su vulnerabilidad, según ha informado la Policía Nacional.
Los detenidos determinaban qué tipo de prácticas sexuales debían realizar sus víctimas, les imponían sanciones económicas si se negaban y les obligaban a estar disponibles las 24 horas los siete días de la semana.
La red criminal operaba en toda España y estaba asentada en la provincia de Valencia, desde donde captaban a mujeres que se encontraban, en la mayor parte de los casos, en situación legal irregular, a través de anuncios de páginas web de contactos y les ofrecían una "plaza" en casas de citas bajo la promesa de grandes beneficios económicos.
Posteriormente, las distribuían para alojarlas en los dos domicilios que regentaban, situados en Alzira y Xàtiva.
Nada más llegar a estos domicilios, los componentes del entramado les imponían condiciones abusivas para ejercer la prostitución y las retenían en condiciones infrahumanas: a pesar de haber dormitorios libres, tenían que dormir hacinadas en literas y sofás o en colchones, directamente en el suelo, con la ropa metida en maletas, sin armarios, ya que las habitaciones estaban destinadas exclusivamente para el ejercicio de la prostitución.
Las características de cada servicio sexual, entre ellas el precio, eran determinadas por los detenidos, y las mujeres debían entregar a sus explotadores la mitad de lo que obtenían por servicio, además de que les aplicaban sanciones económicas si se negaban a realizar determinadas prácticas sexuales.
La líder de la organización les daba instrucciones de cómo atender a los clientes o si estaban maquilladas o vestidas de forma correcta para atenderlos.
También fiscalizaba el tiempo empleado en los servicios sexuales y el dinero que obtenían por ello, además de que se controlaba a las víctimas con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos de citas, que captaban todos sus movimientos.
Las mujeres estaban obligadas a apuntar en un cuaderno, junto a su nombre y apodo con el que ejercían la prostitución, la cantidad de dinero obtenida por cada servicio sexual, la duración del mismo y la sustancia estupefaciente que los clientes adquirían y que debían proporcionarles si lo solicitaban.
Se llevaban a cabo, así, las conocidas como "fiestas blancas", cuya participación se origina bajo el reclamo de sexo y drogas en el interior de los pisos.
Los clientes podían abonar la utilización de los servicios sexuales a través de aplicaciones de pago electrónico, ingresando dinero a la cuenta asociada a los teléfonos de los detenidos, con lo que estos controlaban los beneficios.
Durante la operación, se ha liberado a ocho víctimas de explotación sexual y se ha arrestado a cinco personas -cuatro en Alzira y una en Canals- como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, delitos relativos a la prostitución y contra la salud pública.
Se han realizado cuatro registros domiciliarios en Alzira (2), Alberic (1) y Xàtiva (1) en los que se han intervenido 72.025 euros en efectivo, cocaína y marihuana listas para su venta, un ordenador portátil, cuatro teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.
