Así, una de las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés –grupo formado por los senadores de PSC, ERC e ICV-EUiA– propone suprimir las sanciones económicas, y no sólo la pena de cárcel, para los manteros que vendan CD’s y DVD’s piratas en la calle cuyo beneficio no supere los 400 euros.
La Entesa considera positivas las modificaciones introducidas por el Congreso en la reforma del Código Penal para que los manteros no vayan a la cárcel, pero cree que mantener las multas puede suponer que acaben cumpliendo penas de prisión.
Su enmienda recuerda que al castigarse estos hechos como falta y no como delito les corresponde una pena de localización permanente de cuatro a doce días o una multa de uno a dos meses.
El juez podrá elegir entre ambas, pero ante la falta de domicilio fijo de muchas de estas personas optará previsiblemente por la sanción económica, de forma que muchos manteros se encontrarán con la dificultad que supone pagar esa sanción y, además, afrontar primero las indemnizaciones a las sociedades de gestión como exige la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
A juicio de la Entesa, esto abre la posibilidad de que acaben en la cárcel, por lo que propone que la multa se sustituya por trabajos en beneficio de la comunidad.
CiU, sin embargo, defiende que este tipo de conductas sigan siendo delito, y así lo plantea en una de sus enmiendas, ya que considera que su conversión en faltas significa un absoluto “desarme procesal y policial para poder contener la defraudación con productos piratas”.
El grupo catalán quiere también reforzar la persecución del “proxenetismo” y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Para ello, propone penas de dos a cuatro años de cárcel para quienes se lucren explotando la prostitución de otra persona, incluyendo en este grupo a los dueños, gerentes, administradores o encargados de locales en los que se ejerza la prostitución.
En el capítulo de la corrupción, la Entesa y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (GPSN) solicitan la creación de un nuevo delito de cohecho pasivo impropio, el que se imputa por ejemplo al presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por aceptar regalos de la trama Gürtel.
