Fuentes del tribunal han informado de que la decisión ha sido adoptaba en un pleno en el que han participado los once magistrados que lo componen tras el fallecimiento el 18 de mayo de 2008 de Roberto García Calvo, cuya vacante aún no ha sido cubierta.
La disposición adicional primera del decreto-ley establecía que los presidentes del CGPJ, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas debían comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda en el plazo de 15 días desde su publicación la reducción que se aplica a las retribuciones de los miembros de estos órganos.
Los salarios anuales en el Constitucional van de los 146.000 euros que percibe la presidenta, María Emilia Casas, hasta los poco más de 125.000 de los magistrados.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, acordó también ayer rebajarse el sueldo –que es de unos 146.000 euros– en un quince por ciento, informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Dívar tomó esta decisión coincidiendo con el acuerdo de los magistrados del Tribunal Constitucional de rebajarse el salario también en un 15 por ciento, aplicando así lo dispuesto por el decreto-ley de medidas de ajuste publicado el 24 de mayo en el BOE.
