El Equipo de Gobierno en funciones del Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado que el sindicato UPLBA de la Policía Local haya decidido adherirse al acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionarial municipal 2022-2025, “aunque haya sido, casualmente, justo un día después de las elecciones municipales del 28 de mayo”.
Tras registrar el pasado lunes, 29 de mayo, la representación de la Policía Local el escrito que confirma su adhesión al acuerdo “por una amplísima mayoría” de los afiliados a la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLBA), el gobierno local en funciones ha manifestado su satisfacción en el sentido de que “este acuerdo histórico aglutina el apoyo de prácticamente el cien por cien de la plantilla municipal”. Cabe recordar que el acuerdo fue suscrito el pasado 23 de marzo por CCOO, UGT y Autonomía Obrera, aglutinando desde el inicio el apoyo de cerca del 80% de la representación sindical, sumándose también ahora la Policía Local.
En cuanto a los motivos del cambio de postura de la Policía Local, desde el Equipo de Gobierno en funciones se espera que responda a que “han comprendido que es un acuerdo generalista, igualitario, transformador y de futuro”, ya que no quiere pensar que el momento de refrendar el acuerdo haya respondido a “un posible interés por jugar un papel de boicot al gobierno saliente durante la campaña electoral”.
En cualquier caso, ha confiado en que el nuevo Equipo de Gobierno del PP “aproveche este acuerdo regulador”, que ha incidido en que es “histórico” en la medida de que no se llegaba a un acuerdo con la plantilla en 16 años, puesto que el anterior acuerdo tenía vigencia hasta 2010.
Igualmente, ha recordado que se trata de un acuerdo “para la generalidad del personal funcionarial y afecta a todos por igual”. El documento se adapta a la nueva normativa e incluye todos los protocolos y reglamentos que afectan a movilidad interna, provisiones de puestos, comisiones de servicios, el plan de igualdad, el protocolo de acoso laboral, sexual o por razón de sexo y también el de violencia de género.
En cuanto al aspecto económico, se ha impuesto la generalidad para el colectivo de funcionarios y funcionarias con una partida de unos 2,3 millones de euros en mejoras, priorizándose la carrera profesional, los complementos de productividad y la adecuación a la legislación vigente del incentivo a la jubilación.
