La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 8 años y 21 años y medio de cárcel a los 12 integrantes y colaboradores de una organización criminal, que actuaba en Galicia y Málaga, por introducir en junio de 2018 y mayo de 2019 casi tres toneladas de cocaína procedente de Sudamérica a bordo de un velero y de un pesquero.
En una sentencia, los magistrados de la Sección Segunda de lo Penal condenan al jefe de la organización, Hicham Ouassasi, a la pena más alta: 21 años y medio de prisión por un delito contra la salud pública que causa grave daño y en cantidad de notoria importancia, extrema gravedad y en organización criminal y dos delitos de falsedad. También debará hacer frente al pago de multas que suman casi 200 millones de euros.
Al resto de acusados, el Tribunal les impone penas de ocho años de cárcel para los tripulantes de las embarcaciones y de 15 años para otros miembros destacados de la organización, así como multas de entre 90 y 100 millones de euros a cada uno.
Los hechos probados de la sentencia señalan que entre los años 2017 y 2019 un grupo de personas se dedicaba al aprovisionamiento en Sudamérica de diferentes partidas de cocaína para su introducción en España a través de embarcaciones, realizando actividades en diferentes lugares de nuestro país, especialmente en Málaga y en Galicia.
Utilizaban numerosos medios para facilitar sus actividades delictivas y dificultar las investigaciones policiales: gran número de teléfonos móviles, algunos de ellos satelitales; coches del alquiler o medidas de contravigilancia, entre otros.
Esta estructura criminal estaba liderada al menos por Hicham Ouassassi, quien organizó y supervisó, según la sentencia, las dos operaciones que se han declarado probadas: la del velero Wallstreet que fue abordado en alta mar el 25 de junio de 2018 con 1.350 kilos de cocaína (valorados en 46 millones de euros), la del pesquero Apollo I, interceptado el 16 de mayo de 2019 con 1.500 kilos de la misma sustancia con un valor superior a los 53 millones.
La sentencia, ponencia del magistrado Joaquín Delgado, detalla todas las pruebas que sustentan la condena, entre otras, las vigilancias policiales, los dispositivos de geolocalización instalados en los medios de transporte utilizados por los condenados (embarcaciones y vehículos a motor), las interceptaciones de comunicaciones, así como todos los dispositivos electrónicos incautados en las detenciones y la documentación aprehendida en los registros realizados.
Frente a la Fiscalía que acusaba de dos delitos de tráfico de drogas, la Sala condena por un único delito al entender que entre ambas operaciones de introducción de la droga no ha existido una ruptura jurídica, puesto que sería necesario que la acusación acreditara que el acusado conocía con seguridad que existía un proceso penal dirigido contra él por los hechos del primer transporte de cocaína realizado con la embarcación Wall Street.
La resolución de la Audiencia descarta las nulidades plateadas por las defensas en relación con las interceptaciones de comunicaciones y las geolocalizaciones llevadas a cabo en sus medios de transporte.
