La tensión en el sector del metal por las movilizaciones de parte de los empleados de la industria auxiliar, que reventaron el mitin de Yolanda Díaz, candidata de Sumar, el en Cádiz, y llevaron puntuales pero numerosos cortes de tráfico el lunes, se ha acrecentado en las últimas horas con la declaración de huelga indefinida por parte de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) a partir del próximo lunes. Tanto la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca) como los sindicatos mayoritarios consideran que estas protestas podrían hacer perder alguno de los encargos en el astillero de Navantia de la ciudad, precisamente en un momento en el que la carga de trabajo ofrece buenas perspectivas.
Por ello, los máximos dirigentes provinciales del PP y PSOE, Bruno García y Juan Carlos Ruiz Boix, respectivamente, hicieron este martes un llamamiento al diálogo y al consenso entre la patronal, plantillas y organizaciones sindicales. No en vano, el propio Bruno García se reunió en la tarde del lunes en el Ayuntamiento con los representantes de los manifestantes y de la CTM para expresarles que consideran de vital importancia que se cumplan el convenio. En la víspera del encuentro, no obstante, afeó los métodos utilizados para visibilizar un conflicto que se inició con los despidos de cuatros empleados de Mecamansol.
El primer edil se ofreció, igualmente, a ser interlocutor de las partes implicadas, pero también dejó claro que la competencia última corresponde a Navantia y, en última instancia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda.
Ruiz Boix discrepó, cuestionado sobre las movilizaciones y aseguró que la competencia para mediar en esta crisis es de la Junta de Andalucía, por ser un asunto de empleo, y lamentó “la dejación de funciones” de la Administración autonómica que “mancha la imagen positiva del sector”.
