La Junta de Andalucía y el Gobierno central han empezado este martes una “nueva etapa de diálogo” sobre Doñana en la que la primera medida que se ha adoptado es posponer la Ley de regadíos de la corona norte del parque que se iba a aprobar la próxima semana con el objetivo de que en cuatro semanas se concrete un marco de actuaciones que conjugue la sostenibilidad ambiental con el desarrollo socioeconómico y que ya cuenta sobre la mesa con 350 millones de presupuesto estimado.
Es el resultado principal de la reunión entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta primera y ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, tras meses de encontronazos y desacuerdos, tensionados por los diferentes procesos electorales, al que se ha puesto fin al abrirse un “diálogo honesto, sincero y sensato” ante problemas “enconados y complejos”, que será el que prime en el trabajo de un equipo de “máximo nivel” que “escuchará y aprenderá de todos los sectores implicados” para redactar ese documento.
La vicepresidenta Ribera ha anunciado que el presupuesto inicial es de 350 millones de euros, un marco de actuación en el que ha incidido debe tener un acompañamiento específico con medios humanos y seguimiento, con propuestas “alternativas” que garanticen la viabilidad del espacio protegido y el desarrollo de la comarca. Su objetivo pasa por el cierre del expediente sancionador por parte de las autoridades europeas, para el que se diseñó el programa de compra de suelos para descongestionar los acuíferos con cien millones, “pero que no debe ser la única alternativa”, además de la clausura de pozos (legales e ilegales) y las políticas de trasvase y mejora de abastecimiento que se han comenzado, con el túnel de San Silvestre como ejemplo.
En la reunión también se ha abordado la petición de la Junta para que se reconozca la “singularidad” de Andalucía por la sequía, que Ribera trasladará a la UE para que se tome en consideración en los programas europeos porque “el cambio climático y sus consecuencias están ya aquí”, y la apuesta por la transformación del sistema energético (energía verde), que afectará a la industria, el empleo y la innovación.
Tanto Moreno como Ribera han evitado en esta ocasión hablar de “líneas rojas”, sólo el cumplimiento de la ley, aseguraban. “No me gustan las líneas rojas si vamos a empezar a dialogar”, decía Moreno, asegurando que “bien está lo que bien puede acabar” y recordando que buscan un acuerdo “satisfactorio para la mayoría, porque nunca es posible que contente a todos”. Para Ribera, lo importante es que el marco de actuación “tenga un respaldo amplio en el territorio y los vecinos lo sientan como propio".
Según Moreno, su Gobierno es lo "suficientemente humilde" para saber que puede haber "unos ángulos" de visión completamente distintos a los suyos, pero lo importante es que “se va a escuchar a todos” y que todos los fundamentos se harán "buena voluntad y con transparencia", incluyendo las que afectan a las familias cuyos problemas se pretendían “solventar” con la ley que ahora se postpone. “Hay que hacer un ejercicio de equilibrio porque coincidan la protección de la mayor joya, que es Doñana, con el desarrollo económico”, algo que se tiene que hacer con respaldo social para que al final no se degrade el medio ambiente.
