Este martes, las urgencias extrahospitalarias del centro de salud de El Mentidero han atendido a más de 50 gaditanos. La cifra, elevadísima, no es la más alta, en cualquier caso, de las registradas desde comienzo de año: hace una semana el número de paciente fue superior a 60 en una sola mañana.
La explosión de contagios de gripe A y Covid ha puesto en guardia a los profesionales sanitarios, que cumplen jornadas laborales maratonianas. La tasa de incidencia de las infecciones respiratorias, sobre todo de origen vírico, alcanza los 840,3 casos por cada 100.000 habitantes en Cádiz. Y esta ola está lejos de remitir. “Mientras que haga frío, tendremos pacientes”, advierte una doctora de familia del citado centro de salud. Hasta finales de enero o principios de febrero, “la ola no decaerá”.
El colapso en Atención Primaria es total. En El Mentidero, la demora para ser atendido es de unos ocho días. Con todo, no es el centro de salud con más retraso en la capital.
El Colegio de Médicos de Cádiz ha recomendado solicitar asistencia médica solo cuando la fiebre dure más de tres días y si hay dificultad respiratoria o vómitos y diarreas, con especial cuidado cuando los síntomas aparezcan en personas de grupo de riesgo como son los menores de un año, mayores de 65, embarazadas, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas.
El vocal de Atención Primaria de la institución, Fernando Ramírez, apunta que, por lo general, la ciudadanía cumple con lo indicado por el colegio y no hace un mal uso del centro sanitario. “La gente sabe que, si la cosa no se complica, basta reposo, paracetamol y caldito”, explica. El problema está, remarca, en que es preciso acudir al médico para obtener una baja si el proceso infeccioso se alarga. Por eso, es partidario de la medida que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa. “Debería servir la declaración responsable”, plantea.
Ramírez no entiende los peros a esta medida. “Los funcionarios, entre ellos los del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS), disfrutamos de los mal denominados ‘días malosos’, que permiten quedarte en casa por enfermedad tres o cuatro días sin necesidad de pedir un certificado; por qué no se extiende a la empresa privada”, se pregunta.
En este sentido, recuerda que “los médicos no estamos para dar papelitos”, sino para diagnosticar y prescribir tratamientos. La carga administrativa “quema a los profesionales, por un lado, y, por otro, lleva a saturar las urgencias hospitalarias”.
En el Hospital Puerta del Mar, los colegas de profesión de Ramírez confirman que la saturación es insoportable. La situación es peor aún en Puerto Real, donde la afluencia ha obligado a recuperar la tercera cama deshabilitada desde 2019 en varias unidades. Y, en San Carlos, en La Isla, se han habitado más pero no las suficientes ante la falta de personal.
Paco Moya, portavoz de Autonomía Obrera, lamenta la bronca política ante esta coyuntura con respecto al uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios. “El no de la Junta de Andalucía es solo por rebatir al Gobierno central”, denuncia. Y recuerda que la dirección del hospital de la capital pidió hace más de una semana que se hiciera uso de cubrebocas al menos tal y como dicta la orden de 13 de julio de 2023.
Esta indica que en el ámbito de la Atención Primaria es preciso que lleven mascarilla personas sintomáticas en espacios compartidos; profesionales que atienden a personas sintomáticas en cualquier servicio o unidad; y tanto profesionales como pacientes, acompañantes y visitas en urgencias, incluida sala de espera, extrahospitalarias.
En el caso del hospital, igual en los tres casos anteriores, y, además, profesionales, pacientes ingresados, acompañantes y visitantes en las UCI, unidades de reanimación, hemodiálisis y hospitales de día y los servicios de Oncología, Hematología y unidades de pacientes trasplantadas.
“¿Qué cuesta extender el uso de la mascarilla al conjunto de las instalaciones?”, vuelve a preguntarse Fernando Ramírez. De hecho, remacha, “vamos tarde, su obligatoriedad debería haberse decretado hace semanas”.
