Este lunes, la Audiencia de Sevilla ha iniciado el proceso judicial ante un jurado popular contra un teniente de la Guardia Civil, enfrentando acusaciones de revelar secretos, aceptar sobornos, involucrarse en el narcotráfico y cometer hurto. La Fiscalía solicita para él una pena de 14 años y cuatro meses de cárcel. Durante la sesión, el acusado refutó las acusaciones, asegurando que nunca ha recibido dinero de narcotraficantes a cambio de información policial. Raúl P.M. defendió su actuación diciendo que trabajaba en colaboración con un agente al mando de la unidad antidrogas, quien le había instruido a integrarse entre los criminales y que simplemente seguía las órdenes de este superior, quien después se reveló como corrupto y responsable de su situación actual.
Así, a la hora de declarar como acusado, Raúl M.P. ha insistido una y otra vez, primero a preguntas del fiscal y después en respuesta a su abogada defensora, que "nunca" ha "cogido dinero" a cambio de revelar información cosechada de los archivos policiales, exponiendo que los agentes consultan "a diario" los mismos para su labor y eso "no es delito".
Además, ha alegado que por su papel como oficial de una unidad de seguridad ciudadana dedicada a "prestar apoyo" a otras unidades especializadas, la información de los archivos que él podía consultar no era "relevante" para el mundo del narcotráfico, agregando que quien sí manejaba "información golosa" era el agente encubierto de este caso, a quien según la Fiscalía intentó captar para que "colaborara con él de forma activa, fundamentalmente coordinando policialmente en las bases de datos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "a personas y entidades en el marco de alguna investigación policial, al objeto de saber si estaban siendo investigadas en relación con actividades por tráfico de drogas".
"COLABORABA" CON EL AGENTE ENCUBIERTO
Raúl M.P., sentado en el banquillo de los acusados junto con dos personas más encartadas por su presunta participación en los hechos, ha negado tal extremo y ha explicado que mientras los presuntos hechos se circunscriben a 2019 y 2020, él conocía al mencionado agente "desde 2009" y además de unirles una "relación de amistad", él "colaboraba" con este efectivo que escaló en la jerarquía de la Guardia Civil de Sevilla hasta acceder a la Policía Judicial y comandar la Unidad de Drogas.
Este agente, según sus palabras, no sólo era su "amigo", sino que además era su "referente profesional" porque constituía lo que él aspiraba a llegar a ser en la Guardia Civil. Este mando que comandaba la unidad de drogas de la Guardia Civil de Sevilla y en quien "confiaba totalmente", según su testimonio, fue quien le "decía" como actuar, asegurando que él "cumplía" las órdenes de este mando y que la información que proporcionó a determinadas personas del mundo de la droga fue porque se la "facilitó" esta persona precisamente para filtrarla al mundo del narco, dentro de su estrategia propia.
"SABÍA DEMASIADO"
Y es que según ha asegurado, este mando le dijo que tenía que infiltrarse en el mundo de los narcotraficante simulando ser un agente "corrupto", con lo que le ordenaba constantemente que "pidiese dinero" a los traficantes y a la vez le reclamaba efectivo a él. Según su relato, este mando de la Guardia Civil resultó ser un agente "corrupto", que ha precipitado su caída en desgracia porque él, fruto de su trabajo a sus órdenes de esta persona, "sabía demasiado".
Porque según ha alertado, durante dicha labor, habló "con muchísimos narcotraficantes" y manejó "tanta información sobre guardias o policías".
Al punto, el acusado ha reconocido que en una ocasión entregó 6.000 euros al otro agente, pero ha asegurado que fue "un préstamo" de su propio "bolsillo", porque el citado oficial le reclamaba "dinero constantemente" bajo la premisa de que "estaba sin un pavo". Según su testimonio, también le prestó dinero en otras ocasiones, aseverando además dos veces que los citados 6.000 euros no le habrían sido devueltos aún.
En paralelo, ha admitido que en otra ocasión le entregó 700 euros, pero del mismo modo ha defendido que fue porque se lo pidió el otro agente con el argumento de que necesitaba dinero para "arreglar" una avería de su coche. Ha precisado, al respecto, que inicialmente el agente encubierto de este caso le solicitó a él que a su vez reclamase ese dinero con el segundo de los acusados en este juicio, a quien se atribuye haber colaborado supuestamente con el teniente encartado.
"YO NUNCA HE COGIDO DINERO"
Por lo demás, el inculpado ha negado que recibiese otras cuantías de 2.000 o 10.000 euros por información cosechada de los archivos policiales. "Yo nunca he cogido dinero", ha insistido una vez más.
También ha negado que en agosto de 2020 orquestase un plan destinado a apoderarse de 29 fardos de hachís depositados en la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto, en Dos Hermanas, sustituyéndolos por otros 16 fardos de aspecto similar que contuvieran una sustancia inocua, operación fruto de la cual fueron arrestados este varón y los dos restantes acusados. Según ha alegado, él, por su cargo, no podía conocer la existencia de ese alijo, asegurando que era el agente encubierto quien sí tenía constancia de las partidas de drogas que se depositaban en aquellas instalaciones y que fue precisamente esta persona quien le instó a buscar cómo "reproducir" una serie de fardos para sustituirlos.
LAS GRABACIONES
Al respecto, ha avisado de que las grabaciones aportadas por el mencionado agente encubierto están "manipuladas" interesadamente por esta persona, a la que ha acusado de llevarle por el "derrotero" fruto del cual ahora está sentado en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía reclama para Raúl M.P., por un presunto delito continuado de cohecho, ocho años de prisión, multa de 5.400 euros y 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; así como cuatro años de cárcel y una multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años de cárcel por un supuesto delito de hurto; cuatro meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa y el pago de una multa de 2.880 euros y tres años de inhabilitación especial por un posible delito de revelación de secretos.
