En su comparecencia en un Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados para explicar las medidas adoptadas ante el paro masivo de los controladores que comenzó el pasado viernes, Zapatero afirmó que el Ejecutivo “agotó todas sus posibilidades de actuación” antes de poner en marcha el decreto de alarma, por primera vez en Democracia.
Por su parte, los controladores citados para ayer por la Fiscalía de Madrid se negaron a declarar, mientras el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los que habían faltado a sus puestos de trabajo los pasados días 3 y 4 se enfrentan hasta a 8 años de prisión por un delito de sedición.
Los doce controladores que acudieron ayer por la mañana al tribunal aseguraron que se replantearán su postura cuando sean citados por el juez que consideran competente, ya que entienden que tras la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma no deben ser investigados por la jurisdicción ordinaria, sino por la militar.
Con las explicaciones dadas a la cámara baja, Zapatero logró recibir el apoyo parlamentario al estado de alarma declarado el pasado 4 de diciembre, aunque no exento de críticas de improvisación por parte del PP y de dudas jurídicas de IU.
Pese a que algunos grupos parlamentarios exigieron que se retire lo antes posible el estado de alarma, Zapatero aseguró que lo mantendrá e, incluso, pedirá al Congreso su prórroga si continúa el riesgo para la seguridad o el chantaje a los ciudadanos: “ni un día más, pero ni un día menos” de lo que sea necesario.
El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, consideró que “el fin no justifica los medios”, que al Gobierno “se le ha ido la mano y ha sobreactuado” al legislar “en caliente” y que los argumentos jurídicos esgrimidos por Zapatero “dejan mucho que desear”.
Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, matizó que el respaldo de su partido al Gobierno en dicha medida se debe a que en ese momento ya no había otra alternativa a la adoptada, pero reprochó la desidia que, en su opinión, ha caracterizado la gestión del Ministerio de Fomento durante los últimos años respecto al conflicto con los controladores.
Para Rajoy, el paro de controladores puso de manifiesto la “falta de previsión” del Gobierno y “un exceso de torpeza”, y dijo que Zapatero debe poner orden en el Ministerio de Fomento para que su titular, José Blanco, se dedique a lo que se tiene que dedicar.
Recurrió a unas acusaciones de Alfredo Pérez Rubalcaba al ministro que dirigía Fomento en 1999, Rafael Arias Salgado, para llamar a Blanco “inútil total con dosis importantes de caradura porque siempre encuentra una excusa para no asumir sus responsabilidades”.
Zapatero defendió a su ministro, destacando que ha sido precisamente Blanco quien, a los pocos días de asumir el cargo, se comprometió a acabar con los privilegios de los controladores, ante cuyo chantaje se han plegado hasta ahora todos los Gobiernos.
Aunque, Rajoy recalcó que no existen más culpables directos del caos aéreo sufrido en España el pasado fin de semana que las conductas “intolerables” de los controladores, recordó que las raíces del conflicto se remontan a hace seis años, cuando en diciembre de 2004 finalizó el convenio colectivo de esos trabajadores, sin que se acordara hasta hora uno nuevo.
También CiU, PNV, ERC y Coalición Canaria apoyaron la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma, pero coincidieron en criticar cómo ha negociado el Ejecutivo con este colectivo y en pedir cambios para que esta situación no se repita.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, tras poner en duda la “oportunidad” de aprobar el decreto que modificaba la jornada laboral de los controladores justo en vísperas de un puente, fue bastante crítico con la forma en la que el Ejecutivo ha encarado las negociaciones con el colectivo.
Para evitar nuevos conflictos en el futuro, CiU propuso medidas a corto plazo como externalizar el control de la torre, liberalizar la formación de controladores y segregar las funciones de navegación aérea de los entes de gestiones aeroportuarias, además de acabar con el sistema de gestión central.
EL PRECIO DE LA HUELGA
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo ayer que las pérdidas para la ciudad por la “huelga salvaje” de los controladores aéreos del pasado fin de semana ascienden a unos 140 millones de euros.
El alcalde ha citado estimaciones de los sectores empresariales afectados sobre las pérdidas relativas a la actividad del aeropuerto de Barajas, el negocio turístico, la actividad comercial y hostelera y los madrileños que querían viajar.
Ruiz-Gallardón ha manifestado que “la huelga ha hecho mucho daño a Madrid y ha tocado uno de los pilares de la economía de la ciudad (el turismo)”.
