Continúa el proceso contra tres exalcaldes de Vejer por contrataciones irregulares

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Barbate  cree que hay "motivos racionales suficientes" para atribuir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos a tres exalcaldes de Vejer de la Frontera y al actual delegado de Empleo de la Junta en Cádiz.
En su red social X, Daniel Sánchez ha calificado de "injusto" el caso y ha explicado que hace diez años una empleada del Ayuntamiento, al ser despedida, hizo una denuncia múltiple contra muchos servicios del consistorio
En un auto fechado el pasado 1 de febrero, la jueza María Fernández Nimo acuerda continuar con el proceso por irregularidades en ocho contratos y subvenciones contra los dos exalcaldes del PP José Ortiz y Manuel Flor y su antecesor, el socialista Antonio Jesús Verdú, así como cuatro ediles populares, entre ellos Daniel Sánchez Román, actual delegado territorial en Cádiz de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Las diligencias en el juzgado se iniciaron por un atestado del Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil en relación a supuestas irregularidades en ocho procedimientos de subvención y contratación pública municipales.

Siete de ocho contratos o subvenciones investigados afectan al exalcalde popular José Ortiz, regidor de Barbate entre 2011 y 2019 y actual presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, y uno de ellos Daniel Sánchez, actual delegado de la Junta en Cádiz.

Según el auto, en 2013 la entonces concejala de Educación Vicenta Morillo y el entonces delegado de Empleo concedieron una subvención a una empresa de formación para la impartición de clases en inglés "careciendo de competencias para ello" y prescindiendo del procedimiento necesario y "a sabiendas de su ilegalidad".

En su red social X, Daniel Sánchez ha calificado de "injusto" el caso y ha explicado que hace diez años una empleada del Ayuntamiento, al ser despedida, hizo una denuncia múltiple contra muchos servicios del consistorio.

En el que le implica a él, cuenta, se trata de una escuela municipal de inglés para desempleados, a los que se eximía de pagar el pago de tres euros de la matrícula previo informe de Servicios Sociales. "En total la denuncia era de un importe inferior a 150 euros".

"Hoy, diez años después, sigue este trato injusto y extemporáneo que provoca tanta indefensión y titulares de prensa para todos", añade.

El auto indica que José Ortiz dio presuntamente subvenciones y contratos de forma irregular a una empresa de transportes para prestar de forma gratuita el servicio público de transporte urbano.

Entre 2013 y 2015, Ortiz y Manuel Flor, entonces concejal de Deportes y después su sucesor, adjudicaron supuestamente sin seguir ni formalizar el procedimiento de licitación oportuno a otra empresa el contrato para el mantenimiento de la piscina cubierta.

En 2013 y 2014 José Ortiz habría adjudicado directamente a otra empresa el mantenimiento de una residencia de ancianos y "a sabiendas de su injusticia, habría contratado de palabra y de forma directa" a la Asociación de Taxis de Vejer para servicios para el transporte escolar.

También, junto con el entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel Ballasote, y el de núcleos urbanos, Miguel Angel Peña, habría permitido "a sabiendas de su ilegalidad" fraccionar el contrato de obras de mantenimiento del camino de San Ambrosio para evitar la licitación.

El auto recoge también que José Ortiz y el concejal de Mantenimiento Urbano "adjudicaron directamente de palabra" y prescindiendo de los procedimientos de adjudicación trabajos de reparación e instalaciones a otra empresa.

Asímismo, Tanto Ortiz, como su predecesor, el socialista Antonio Jesús, usaron un convenio de colaboración y cooperación con la Asociación de Informadores Turísticos para "encubrir un contrato de prestación de servicios públicos".

La jueza explica que de las diligencias de instrucción practicadas puede deducir que hay "motivos racionales suficientes para atribuir indiciariamente" a los investigados delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que continuará el proceso como procedimiento abreviado.