El padre de la menor madrileña que fue obligada a prostituirse durante tres meses en un pueblo de Badajoz acudió el martes a dependencias de la Comunidad de Madrid para notificar que la niña se encontraba con él, con su madre y con una hermana, y que se negaba a que la Administración autonómica asumiera su tutela.
Así lo indicó ayer por la mañana la consejera de Familia y Asuntos Sociales de esta Comunidad, Engracia Hidalgo, que subrayó que eso es algo que "finalmente decidirá el juez".
En la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, Hidalgo explicó que el padre se personó el martes por la tarde en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) y que el Gobierno regional lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores, del juez de menores y del Grupo de Menores de la Policía (GRUME).
La presidenta Esperanza Aguirre, que el martes dijo que la niña y su familia se encontraban en paradero desconocido y anunció que la Comunidad reclamaba su tutela, señaló que la "decisión de quién tiene la tutela la tomará el juez de menores buscando siempre todos, con ayuda del fiscal y del Instituto del Menor, lo mejor para la niña".
Por la tarde la Comunidad de Madrid ya se había hecho cargo de la menor.
Aunque el padre se opone a la tutela de la Comunidad, está "colaborando" con los representantes autonómicos, "porque está viendo que lo que le están ofreciendo es positivo para la niña", según esta portavoz.
Una vez localizada la niña, la Comunidad asumió su "tutela efectiva" y la menor está recibiendo asistencia.
