Benedicto XVI subraya, a través de una carta apostólica con la forma del motu proprio, que tiene valor de ley, su compromiso en la adopción de los principios y los instrumentos jurídicos promovidos por la comunidad internacional para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Establece que dicha “Ley para la prevención y lucha del blanqueo proveniente de actividades criminales y de la financiación del terrorismo” sea aplicada a los Dicasterios de la Curia romana y a todos los organismos y entidades dependientes de la Santa Sede, al tiempo que constituye la Autoridad de Información Financiera (AIF) a la que dota de competencias en esas materias y aprueba su estatuto.
El decreto es la aplicación de la norma establecida en la Convención monetaria firmada el 17 de diciembre del año pasado en Bruselas entre la Unión Europea (UE) y la Ciudad del Vaticano, para combatir las actividades ilegales en el campo financiero y monetario.
