La Junta de Andalucía ha asegurado que la demolición de viviendas ilegales en El Palmar, una pedanía de Vejer de la Frontera, no ha sido su "única vía" y que antes de llegar a este punto se ha seguido "un proceso largo de advertencias, actas de inspección, precintos y sanciones que los propietarios han hecho caso omiso".
Al respecto, señala que el “el alcalde de Vejer, Antonio González, sigue incurriendo en el error de confundir a la población. En primer lugar, la disciplina urbanística es una potestad pública de deber inexcusable de los ayuntamientos. Y, en segundo lugar, no es cierto que la Junta de Andalucía use únicamente la vía de la demolición para las viviendas ilegales de El Palmar. Para llegar a ese extremo se ha seguido un proceso largo de advertencias, actas de inspección, precintos y sanciones que los propietarios han hecho caso omiso”.
Por poner un ejemplo, “las próximas demoliciones previstas son de edificaciones prefabricadas construidas sin licencia urbanística sobre suelo rústico y que, desde 2019 hasta 2023, se han levantado hasta 58 actas de inspección. Pese a las advertencias de que cometían una ilegalidad y precintos, que rompen sistemáticamente, los propietarios siguieron adelante con las obras de las viviendas”.
En opinión de la Junta, “el alcalde de Vejer trata de confundir diciendo que el camino es la regularización. La Junta de Andalucía ha dibujado un marco legal y una vía que permite a los ayuntamientos poder regular aquellas agrupaciones irregulares cuyos delitos han prescritos y que se encuentran en un limbo jurídico. Viviendas que llevan años en El Palmar y que ahora, con la ley de la Junta de Andalucía (LISTA), se pueden acoger a planes especiales, que puede llevar a cabo ayuntamientos como los de Vejer y que, de hecho, la Junta ha ofrecido ayudas para su financiación. Estos planes especiales minimizan el impacto ambiental sobre el entorno de estas edificaciones, que además podrán contar con suministros básicos regularizados. Pero lo que no puede hacer es dar carta blanca, mirar para otro lado y seguir permitiendo que se construya sobre suelo rústico, porque eso es ilegal”.
Además, siempre según la Junta, “el Ayuntamiento de Vejer es sabedor de todas estas cuestiones y así se lo hemos trasladado en las reuniones que hemos mantenido. Saben que en El Palmar se está produciendo un fenómeno de construcción de viviendas prefabricadas sobre suelo rústico. La práctica totalidad de edificaciones se constituyen en segunda residencia y, en su mayoría, se destinan a alquileres vacacionales clandestinos. Además, cuando son precintadas tras detectar la comisión de un delito, nos hemos encontrado que estos precintos han sido retirados”.
La Junta de Andalucía recuerda que “es el Ayuntamiento es el que debe ejercer la disciplina urbanística. Pero, en virtud de que no lo hace, ha sido la inspección autonómica quien, a la vista de que es un problema de índole supramunicipal, está adoptando medidas que, hasta ahora, están dando los resultados esperados, puesto que se observa un importante descenso en la comisión de nuevas infracciones. De hecho, hay propietarios que han comenzado las demoliciones evitando agravar la situación administrativa, económica y judicial en la que se encuentran”.
Esta estrategia no es exclusiva de El Palmar, “sino que se realiza en toda la comunidad autónoma. El Plan General de Inspección, aprobado recientemente, fija las prioridades de actuaciones, que hace hincapié en evitar las parcelaciones ilegales en Andalucía”.
La labor inspectora de la Junta de Andalucía “se ha reforzado desde 2019, con el triple de actuaciones. El número de parcelas (que no edificaciones) objeto de expedientes de restablecimiento de la legalidad ascendió a cerca de un millar en los dos últimos años, una cifra muy superior a las 38 parcelas y edificaciones objeto de expediente en 2018”.
Además, “se pone el foco en la prevención, como indica que en los últimos dos años se hayan efectuado 740 precintos en Andalucía frente a la ausencia de ellos en 2018. Esta labor preventiva ha supuesto un cambio de mentalidad entre los infractores, ya que ahora optan por el derribo voluntario de casas ilegales para eludir las multas. En 2023 hubo más de 30 reposiciones voluntarias de la realidad física alterada en el territorio andaluz”, concluye la Junta en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación.
