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España

Ben Alí abandona el país en medio de grandes disturbios

El jefe de Estado tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, abandonó ayer el país y el primer ministro, Mohamed Ghanuchi, asumió la presidencia interina.

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El jefe de Estado tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, abandonó ayer el país y el primer ministro, Mohamed Ghanuchi, asumió la presidencia interina, en medio de los mayores disturbios que vive Túnez en su historia, con decenas de muertos.

Ben Alí, quien ha permanecido en el poder 23 años, dejó Túnez y el Ejército tomó momentáneamente el control de la situación, según fuentes gubernamentales, horas después de que anunciara la disolución del Gobierno y convocara elecciones legislativas anticipadas en un plazo de seis meses.

Sin embargo, poco después abandonaba el país y asumía la presidencia interina el primer ministro, quien se comprometió a respetar la Constitución y restaurar la estabilidad.

“Conforme al artículo 56 de la Constitución y en vista de la dificultad del jefe del Estado para asegurar la gobernabilidad del país, asumo a partir de este momento el cargo de presidente interino”, dijo Ghanuchi en una breve intervención junto a los presidentes del Congreso, Fuad Mabaza, y de la Cámara de Consejeros (Senado), Abdelah Kallel, desde el Palacio Presidencial de Cartago.

Ghanuchi, de 69 años, hizo un llamamiento a los tunecinos “de todas las sensibilidades políticas y regionales”, les instó a “demostrar su patriotismo y su unidad” y se comprometió a “poner en marcha todas las reformas sociales y políticas que han sido anunciadas en colaboración con los partidos políticos y los actores de la sociedad civil”.

El Gobierno decretó ayer el estado de excepción en todo el país con un toque de queda desde las 17.00 hasta las 06.00 horas.

Los acontecimientos se han precipitado después de que el jueves Ben Alí prometiera que se bajarían los precios de alimentos básicos como el azúcar, la leche y “todo lo necesario para las familias”.

En los disturbios, que comenzaron el pasado 17 de diciembre, han muerto, según el Gobierno, 21 personas, pero los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 60.

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